La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha decidido este jueves incrementar al 4 % la reserva de contratos públicos socialmente responsables para el año 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la contratación pública inclusiva y apoyar el empleo de personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social.
El anuncio, realizado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, implica una reserva mínima de 6,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,25 % en comparación con 2025, así como 400.000 euros adicionales en recursos reservados. “Esta medida reafirma el compromiso de Madrid con la inclusión y la igualdad de oportunidades, promoviendo un modelo económico centrado en las personas”, destacó Sanz.
Crecimiento constante desde 2019
Desde que se implementó esta política en 2019, el porcentaje mínimo reservado ha aumentado del 2 % al 4 %, y los fondos asignados han pasado de 2,4 millones a 6,6 millones de euros. Este progreso refleja un compromiso continuo con la contratación pública que genera impacto social, dirigida a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
Dichos contratos abarcan diversas actividades, incluyendo servicios de limpieza, jardinería, reciclaje, hostelería, lavandería, imprenta, reparto o apoyo administrativo, entre otros.
A lo largo del periodo desde 2019, estas entidades han llevado a cabo 324 contratos municipales, acumulando un valor total superior a 54,6 millones de euros, según los informes económicos municipales.
Acorde al pacto establecido, antes del cierre del año el Área de Economía, Innovación y Hacienda, bajo la dirección de Engracia Hidalgo , aprobará lasdirectrices y el plan anual para los contratos reservados en 2026 , definiendo las adjudicaciones específicas que se realizarán bajo este esquema.
Los centros especiales de empleo de iniciativa social están regulados por elReal Decreto Legislativo 1/2013 y deben contar con al menos un70 % de trabajadores con discapacidad. Estas entidades son promovidas por organizaciones sin ánimo de lucro y están obligadas a reinvertir todos sus beneficios en generar más empleo y fortalecer la economía social.
Las empresas de inserción están reguladas por laLey 44/2007 y tienen como objetivo facilitar laintegración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. Deben destinar al menos el80 % de sus resultados a mejorar sus estructuras productivas y formativas.
A lo largo del año 2025, el Ayuntamiento superó las expectativas establecidas al alcanzar más de10,1 millones en contratos inclusivos . Esto asegura que se cumple ampliamente con el porcentaje mínimo fijado.
“Nuestro objetivo es continuar liderando desde Madrid una política contractual que transforme vidas ” , subrayó Sanz. “Generar empleo estable e inclusivo es fundamental para quienes más lo necesitan”.
A través esta nueva ampliación ,el Ayuntamiento refuerza su liderazgo en< , colaborando estrechamente con entidades sociales y consolidando su rol como motor clave para<en nuestra ciudad .
