La Comunidad de Madrid presenta un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno y solicita medidas cautelarísimas para disolver la acampada. Exige que se garantice el paso de ambulancias y denuncia daños en el patrimonio.
La Comunidad de Madrid ha decidido llevar a los tribunales la acampada de la Puerta del Sol. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves en el Pleno de la Asamblea que su Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por no haber desalojado la concentración permanente. La información, avanzada por comunidad.madrid, detalla que el Ejecutivo autonómico reclamará además medidas cautelarísimas para lograr la disolución inmediata.
El plazo de 48 horas que la Comunidad había concedido al delegado para adoptar medidas venció sin que se produjera intervención alguna. Ante esa situación, el Gobierno regional ha optado por la vía judicial. "Les anuncio que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol", declaró Ayuso durante su intervención parlamentaria.
"Por favor, que desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias"
La presidenta reclamó que se libere espacio suficiente para garantizar el acceso de los servicios de emergencia. En concreto, pidió que se permita el paso de ambulancias por la plaza, un punto que considera prioritario ante cualquier otra consideración. También aludió a las dificultades que, según su versión, está causando la acampada a los comerciantes de la zona.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la concentración excede los límites constitucionales y legales del derecho fundamental de reunión. A su juicio, corresponde al delegado del Gobierno adoptar medidas de prevención y vigilancia para proteger a personas, bienes e instituciones. El Gobierno regional añade que se han producido actos vandálicos y daños en elementos del patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.
Con el recurso, la Comunidad de Madrid pretende que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que determine qué medidas deben adoptarse respecto a la acampada y a la actuación de la Delegación del Gobierno. El caso queda ahora en manos de los tribunales, que deberán pronunciarse sobre la petición de disolución inmediata.
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