La Audiencia Provincial de Madrid impone un año de prisión y una multa de 2.160 euros a la dueña de un local del polígono Cobo Calleja por un delito contra la propiedad industrial. La sentencia incluye indemnizaciones de más de 24.000 euros a 21 marcas.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a M.L., una ciudadana china de 41 años, a un año de prisión y una multa de 2.160 euros por vender mascarillas con logotipos falsos de Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y otras marcas en un local del polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada. La sentencia, según publica 20minutos, la considera autora de un delito contra la propiedad industrial y fija indemnizaciones que en conjunto superan los 24.000 euros.
La resolución declara probado que M.L., propietaria de un establecimiento abierto al público en ese polígono industrial y de un almacén también en Fuenlabrada, ofrecía mascarillas con inscripciones de las marcas. Los agentes de la Policía Nacional inspeccionaron ambos espacios el 10 de septiembre de 2020 y encontraron miles de unidades fraudulentas.
Entre el material intervenido había 2.326 mascarillas con inscripciones del Real Madrid, 650 del Atlético de Madrid y 514 del Barcelona. Además, se localizaron 5.720 de Adidas, 3.117 de Nike, 2.388 de Fila, 887 de Disney, 637 de Tous, 387 de Louis Vuitton, 305 de Audi, 281 de BMW, 250 de Vans, 215 de Polo Lauren, 169 de Gucci, 150 de Under Armour, 125 de Chanel, 120 de Dior, 100 de Versace, 96 de Carolina Herrera, 17 de Philipp Plein y nueve de New Balance.
También aparecieron 140 de Puma y 45 de Givenchy, aunque los titulares de estas dos marcas renunciaron expresamente a la indemnización que les pudiera corresponder. En el almacén se intervinieron asimismo tres tipografías de logotipos y leyendas de diversos colores de diferentes firmas.
El tribunal señala que la condenada hubiera podido obtener un beneficio estimado de casi tres mil euros solo con la venta de las mascarillas de trece de las marcas que fueron tasadas pericialmente. La sentencia es consecuencia del acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía, que redujo su petición inicial de tres años de cárcel a cambio de que M.L. reconociera los hechos en el juicio.
Como la acusada carece de antecedentes penales, la Audiencia le ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena de un año de prisión. Para mantenerla, deberá no delinquir en un plazo de dos años y abonar el importe de la responsabilidad civil fijado en la sentencia.
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