Investigación sobre corrupción en la gestión del estadio
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un escándalo que involucra a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, quienes habrían participado en el amaño de contratos relacionados con las obras del estadio de La Cartuja, en Sevilla. Este informe, que ha sido adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, señala a José María Arrabal y David Oviedo, figuras clave en la gestión del recinto deportivo.
Según los investigadores, Arrabal y Oviedo facilitaron conexiones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una constructora llamada Gruconsa. Estas relaciones fueron fundamentales para llevar a cabo las obras necesarias para adecuar el estadio a competiciones como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir con los requisitos establecidos para ser sede de la fase final de la UEFA EURO20.
El informe detalla cómo Arrabal firmó el ‘Convenio Marco’ del Convenio de Selecciones el 31 de marzo de 2021, lo que permitió financiar mejoras significativas en el estadio, incluyendo sistemas de iluminación y tornos. Por su parte, Oviedo se encargó de firmar las memorias justificativas y cartas de adjudicación a Gruconsa. Estos documentos son considerados piezas clave dentro del entramado que facilitó las obras.
Aparte del amaño contractual, se ha descubierto que ambos exaltos cargos adquirieron propiedades inmobiliarias en Málaga y Sevilla tras su implicación en estos contratos. Se estima que cada uno pagó alrededor de 50.000 euros para reducir sus hipotecas, lo cual ha levantado más sospechas sobre posibles beneficios económicos ilícitos derivados del escándalo.
La UCO también ha identificado una posible triangulación financiera entre tres empresas: Gruconsa, Dismatec Sport SL —vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide— y GC Legal, un despacho dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico cercano a Luis Rubiales. Esta red podría haber facilitado el flujo ilegal de fondos relacionados con las obras.
El informe fue enviado al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero. Dos días después, el juez autorizó a la UCO intervenir los dispositivos electrónicos e informáticos tanto de Arrabal como Oviedo. Esta medida busca esclarecer los detalles financieros detrás del posible beneficio económico ilícito obtenido por ambos exfuncionarios.
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