La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se opone a que el IBI de la capital baje al mínimo legal en 2027. Propone bonificar las viviendas protegidas y recargar los pisos vacíos.
Según publica 20minutos, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) ha presentado alegaciones contra el proyecto de ordenanza fiscal que fija el IBI de la capital para 2027. El tipo general bajará al mínimo legal, el 0,4%, y la federación considera que esa medida resta recursos a los servicios públicos.
En sus alegaciones, la Fravm pide mantener el tipo general en el 0,414% y promover una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita un IBI progresivo, con tipos distintos según el valor catastral, la capacidad económica y la concentración de patrimonio inmobiliario. Para la organización, la bajada no se justifica desde los principios de justicia tributaria, capacidad económica y progresividad recogidos en la Constitución.
Los propietarios de los inmuebles de más valor obtienen la mayor rebaja, con independencia de su capacidad económica.
La federación critica además que el Ayuntamiento no haya establecido ningún recargo para las viviendas vacías. Propone un gravamen de hasta el 50% para los pisos deshabitados durante más de dos años, en caso de propietarios con cuatro o más inmuebles residenciales, con excepciones para viviendas en ruina o en obras, heredadas en los dos años posteriores al fallecimiento, de personas que viven en residencias o cuidan a un familiar dependiente, y las que están alquiladas.
En cuanto a las bonificaciones, la Fravm plantea un 50% durante los tres años siguientes a la calificación definitiva de las viviendas de protección oficial, y después un 50%, un 30% y un 10% en los años cuarto, quinto y sexto. Para los titulares con renta familiar inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) las bonificaciones serían del 20%, el 40% y el 50% a partir del quinto año, hasta completar diez desde la calificación. También reclama una bonificación del 95% para las viviendas de alquiler con renta limitada gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), otras entidades públicas o promotores privados, así como para la vivienda cooperativa en cesión de uso y la de entidades sin ánimo de lucro.
La federación pide además que la ayuda dependa de la renta familiar y no solo del valor catastral. Propone una bonificación del 90% para rentas de hasta 25.200 euros anuales, que iría bajando hasta el 5% en la categoría general, y un programa municipal que cubra al menos el 50% del IBI de la vivienda habitual de los hogares con menos recursos. Ese programa beneficiaría a pensionistas, personas desempleadas, perceptoras del ingreso mínimo vital, víctimas de violencia de género y familias monoparentales. La Fravm reclama también un trato fiscal diferenciado para las viviendas de uso turístico.






