El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, que obliga a compensar cada nueva carga administrativa con la eliminación de otra de coste equivalente.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, un texto que busca reducir cargas burocráticas y simplificar la normativa autonómica. La norma inicia ahora su tramitación parlamentaria: se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
El proyecto introduce la regla de que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. Además, las normas que incorporen nuevas obligaciones para empresas y operadores económicos tendrán solo dos fechas fijas de entrada en vigor, el 2 de enero y el 1 de julio, para que el calendario sea predecible. El modelo está inspirado en el británico, según recoge la información publicada por comunidad.madrid.
La ley también fija la caducidad de las normas organizativas para evitar que sigan vigentes cuando ya no sean necesarias, e implanta una evaluación permanente de todo el cuerpo normativo de la Comunidad de Madrid para comprobar si cumple su objetivo y decidir si se mantiene, se modifica o se elimina.
«Cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente»
En materia de inversión, la Comunidad refuerza la Aceleradora de Inversiones con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. También potencia la Línea Abierta contra la Hiperregulación, el canal por el que ciudadanos y empresas pueden comunicar trámites o requisitos que dificulten la actividad económica. A través de esta vía ya se han eliminado 738 cargas administrativas.
El texto regula además la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas entidades deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.
La propuesta contempla espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla. Incluye también el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites.
Con la aprobación del proyecto, el texto queda pendiente de su paso por la Asamblea de Madrid, donde se debatirá y votará. Si sale adelante, las nuevas obligaciones normativas para empresas empezarán a aplicarse en las fechas fijas de entrada en vigor previstas: el 2 de enero y el 1 de julio.
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