La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles en el Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, que obligará a compensar cada nueva carga administrativa a las empresas y pondrá fecha de caducidad a las normas organizativas.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este miércoles el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, un texto que busca reducir trámites para ciudadanos y empresas y revisar las normas que hayan quedado obsoletas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo avanzó durante su intervención en la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, según recoge la publicación oficial comunidad.madrid.
Entre las principales disposiciones, cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. Además, las normas de organización tendrán fecha de caducidad, un mecanismo que, en palabras de la presidenta, evita que «sobreviva por inercia lo que ya no sirve». Tras su aprobación, el texto se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
El proyecto establece que la normativa se evalúe antes de aprobarse y también después de empezar a aplicarse, para comprobar si cumple su objetivo y decidir si se mantiene, se modifica o se elimina. Las nuevas obligaciones para las empresas solo podrán entrar en vigor en dos fechas al año: el 2 de enero y el 1 de julio. Este calendario, inspirado en el modelo británico, permitirá a los negocios, especialmente a los pequeños y medianos, preparar con antelación los cambios necesarios. «Para que nadie tenga que adaptarse a contrarreloj», ha señalado Díaz Ayuso.
El texto regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.
También contempla reforzar la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. Habrá espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla. El proyecto incluye el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites.
La norma incluye cambios en la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un servicio al que ciudadanos y empresas pueden comunicar trámites o requisitos que dificulten sin justificación la actividad económica o la competencia. A través de este canal se han reducido ya 738 normas, entre ellas la Ley del Suelo, que se ha modificado para agilizar la concesión de licencias o la extensión de las declaraciones responsables para acceder a la red de servicios sociales.
La propuesta sigue las recomendaciones de organismos como la OCDE, que relacionan una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad. El texto no supone un gasto adicional ni añade obligaciones administrativas, sino que prevé reducir las existentes.
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