La magistrada Raquel Catalá, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29, suspende los lanzamientos en viviendas de la EMVS y la AVS y exige a las administraciones medidas de realojo antes de autorizar cualquier entrada.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha paralizado ocho desahucios de familias vulnerables que ocupan inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y de la Agencia de la Vivienda y el Suelo (AVS). La titular, la magistrada Raquel Catalá, adopta esta decisión después de que el Ayuntamiento de la capital reaccionara con rapidez al desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que salió de la casa en la que vivió más de setenta años, tal y como recoge 20minutos.
En las providencias, la jueza califica de "hecho notorio" esa "rápida respuesta y activación de la EMVS ante una situación de desahucio" y, antes de resolver sobre los lanzamientos, requiere a las administraciones competentes que aprueben "las medidas precautorias adecuadas y suficientes" para proteger a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad que ocupan esas viviendas. Su objetivo es que, si finalmente se producen los desalojos, causen "el menor impacto posible".
"La inviolabilidad del domicilio es la forma fundamental de garantizar y preservar derechos"
La magistrada rechaza autorizar "mecánicamente" la entrada en el domicilio para recuperar vivienda pública y descarta que la solución de realojo consista en una asistencia ambulatoria a través del Samur Social. Señala que esa vía debe superarse porque puede darse el caso de que no haya ninguna alternativa habitacional que ofrecer a las familias.
En sus resoluciones, Catalá recuerda que, según la web municipal, el Ayuntamiento de Madrid dispone a través de la EMVS de un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible, además del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA). La jueza apela al Derecho de la Unión Europea y al Principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales para garantizar el acceso a una vivienda social o a una ayuda de calidad, así como el derecho de las personas vulnerables a recibir protección frente a los desahucios forzosos.
El auto añade que el principio de equidad de la Constitución Española "impone frenar o modular las potestades públicas allí donde peligre la dignidad humana". Las ocho familias afectadas, que ocupan viviendas de promoción pública en la capital, permanecerán en sus casas hasta que las administraciones acrediten una alternativa habitacional.
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