La Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid considera las plazas públicas como zonas verdes y prohíbe acampar o instalar tiendas de campaña salvo en lugares habilitados. El Ayuntamiento califica la acampada de ilegal, mientras la Delegación del Gobierno sostiene que la Policía Nacional no debe actuar si no hay disturbios.
La Puerta del Sol cumple este miércoles su tercera jornada con cientos de personas acampadas para exigir al Gobierno la aprobación del llamado 'Decreto Maricarmen', un paquete de medidas que incluye contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional, según publica 20minutos. La concentración, que comenzó el lunes, ha reabierto el debate sobre si es legal pernoctar en una plaza pública con tiendas de campaña.
La respuesta está en la normativa municipal. La Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid establece que en las zonas verdes "salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto no se permitirá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, practicar camping o establecerse con alguna de estas finalidades, cualquiera que sea el tipo de permanencia". La norma especifica que también se consideran zonas verdes las plazas públicas, por lo que la Puerta del Sol entra dentro de esa limitación.
La Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, pero obliga a comunicar previamente a la autoridad las concentraciones en lugares de tránsito público. Ese derecho no ampara la instalación de elementos fijos en el espacio público, según la ordenanza.
El Ayuntamiento de Madrid ha calificado la acampada como ilegal y ha pedido que se disuelva. La Delegación del Gobierno en Madrid, por su parte, ha señalado que "mientras no haya disturbios, a la Policía Nacional no le corresponde actuar".
"Salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto no se permitirá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados"
La acampada se mantiene a la espera de que el Gobierno responda a las demandas del Sindicato de Inquilinas, convocante de la protesta, y de que las autoridades competentes decidan si intervienen para desalojar la plaza.
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