La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Defensa del Contribuyente, que obliga a la Hacienda autonómica a contestar las peticiones de los ciudadanos en un máximo de tres meses. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOCM.
Según recoge comunidad.madrid, la Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Defensa del Contribuyente, que refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos y fija la buena fe en su relación con la Hacienda autonómica. La Administración tendrá un máximo de tres meses para contestar las peticiones de los contribuyentes.
La norma se aplica a los impuestos cedidos a la Comunidad, entre ellos el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y los Tributos sobre el Juego. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La ley crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituye al actual Defensor del Contribuyente y dispone de más medios técnicos y plazos exigibles. Esta oficina tramitará las quejas por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato, y dará al órgano afectado 15 días hábiles para responder.
Entre las novedades, la Administración contestará por escrito y de forma vinculante las consultas de los contribuyentes. También hará la autoliquidación gratuita a quien lo solicite y le acompañará en la presentación y el pago. El contribuyente podrá consultar su expediente sin pedir cita a través de la Oficina Virtual Tributaria, en una carpeta tributaria individualizada donde seguirá sus gestiones en tiempo real.
La norma obliga además a usar un lenguaje claro y a revisar periódicamente los formularios. Garantiza, asimismo, una atención presencial y gratuita con mención expresa a los mayores, las personas con discapacidad y quienes están en riesgo de exclusión. La Administración pedirá perdón cuando una sentencia firme declare la vulneración de un derecho del contribuyente, y dará las gracias cuando una inspección concluya sin regularización ni sanción.
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