El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central y suspende la ley madrileña que habilitaba a la Comunidad a ejercer la acusación popular en causas sin víctima concreta.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este miércoles el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, según publica 20minutos. La norma, aprobada en abril por la Asamblea de Madrid, permitía a la Comunidad ejercer la acusación popular en causas por boicots a citas deportivas, incendios forestales provocados o ataques a cuadros en museos, entre otros delitos sin víctima individualizada.
La medida cautelar de suspensión fue solicitada por la Abogacía del Estado, que argumenta que la acción popular es una competencia exclusiva del Estado y que la ley madrileña "amplía esa legitimación sin cobertura legal, compromete la igualdad procesal y altera la unidad del sistema penal", según valoraron desde la coalición PSOE-Sumar tras el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo central sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite a las administraciones ejercer la acción popular cuando protegen a una víctima concreta e identificable, como ocurre en los crímenes machistas. La ley madrileña, en cambio, habilita la acción popular para "delitos con bienes jurídicos colectivos" y "sin víctima individualizada", lo que supone "una ampliación unilateral del régimen procesal", según las mismas fuentes.
La iniciativa surgió tras los incidentes registrados en la etapa final de La Vuelta Ciclista a España de 2025 en Madrid, cuando la carrera tuvo que ser cancelada por los disturbios.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha criticado la decisión: "El señor Sánchez tendrá que explicar por qué no quiere que las comunidades autónomas protejamos a las mujeres o por qué no quiere que podamos proteger el patrimonio natural o el patrimonio histórico-artístico, que es a lo que habilita esa ley". García Martín ha insistido en que "la admisión es un acto de puro trámite" y ha avanzado que la Comunidad "defenderá" el contenido de la ley.
Los magistrados del TC disponen de un máximo de cinco meses para decidir si mantienen la suspensión mientras estudian el fondo del asunto y determinan si la norma vulnera la Constitución, como sostiene el Gobierno central, o si es acorde a ella, como defiende la Comunidad de Madrid.
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