La viceconsejera de Justicia y Víctimas, Carmen Martín, subraya que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo y nunca un sustituto del jurista, porque la responsabilidad del contenido recae siempre en el profesional.
La Comunidad de Madrid ha reivindicado este viernes el papel de la Abogacía General regional ante el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Lo ha hecho en la clausura de las II Jornadas de la Abogacía General, celebradas en la Fundación Canal, según recoge la información publicada por comunidad.madrid.
La viceconsejera de Justicia y Víctimas, Carmen Martín, ha advertido de que la IA no puede asumir las funciones que corresponden a los juristas. "La IA debería ser una herramienta de apoyo, nunca un sustituto del jurista, porque no verificar los resultados puede tener consecuencias y la responsabilidad sobre el contenido corresponde siempre al profesional", ha declarado durante su intervención.
En la misma línea, ha subrayado la necesidad de que la Administración cuente con especialistas capaces de aportar soluciones jurídicas. "La Administración necesita excelentes juristas que aporten soluciones, como los más de 80 que forman el cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid, con un prestigio construido durante más de 25 años de rigor y vocación de servicio público", ha añadido.
Las jornadas han abordado cuestiones como la responsabilidad contable, la contratación pública y la defensa de la competencia en el ámbito de la Administración. En el cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid trabajan más de 80 profesionales, un equipo con más de un cuarto de siglo de trayectoria.
"La IA debería ser una herramienta de apoyo, nunca un sustituto del jurista, porque no verificar los resultados puede tener consecuencias y la responsabilidad sobre el contenido corresponde siempre al profesional"
La cita ha servido para que la Comunidad de Madrid fije su posición sobre el uso de estas tecnologías en el ámbito jurídico público: la herramienta puede agilizar tareas, pero la validación y la responsabilidad final quedan en manos de los letrados.
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