La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto 556/2026, que prorroga los traslados de menores extranjeros no acompañados a las autonomías. El Supremo ya lo ha admitido a trámite y suma seis procedimientos abiertos.
La Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto 556/2026, que prorroga los traslados de menores extranjeros no acompañados a las comunidades autónomas. El recurso se interpuso el pasado 1 de septiembre y ya ha sido admitido a trámite por la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, según ha confirmado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles.
Con este ya son seis los procedimientos judiciales abiertos por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra el sistema de reparto de menores, según publica 20minutos. Entre ellos se incluye un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto que establecía el marco de redistribución, además de varios recursos ante el Supremo contra las normas que fijaban los sistemas de reubicación y el número máximo de menores a acoger por territorio.
García Martín ha justificado la ofensiva judicial en que el real decreto mantiene el traslado obligatorio cuando, a su juicio, el Gobierno conoce que el sistema de protección madrileño está desbordado. El consejero ha calificado las decisiones del Ejecutivo central en esta materia como "totalmente ideológicas y torticeras".
"Lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es controlar las fronteras y poner fin a este caos migratorio que está viviendo nuestro país y no tratar a las comunidades como aquellas que deben atender este caos que el propio Gobierno está generando", ha agregado García Martín.
El portavoz del Ejecutivo madrileño ha insistido en que todas estas normativas invaden competencias exclusivas de la Comunidad. En esta ocasión, a diferencia de recursos anteriores, la Abogacía madrileña no ha solicitado medidas cautelares, una petición que en el pasado fue rechazada por el Supremo.
El nuevo procedimiento queda ahora pendiente de la tramitación por parte de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.





