La Comunidad de Madrid ha remitido una carta a la Delegación del Gobierno para exigir la repatriación de 134 menores migrantes, que acumulan 382 incidencias y 268 denuncias.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a reclamar al Gobierno central que tramite la repatriación de los menores migrantes con expedientes abiertos por conductas delictivas. Según publica 20minutos, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que detalla que 134 menores acumulan 382 incidencias y 268 denuncias.
Desde marzo de 2025, la Administración autonómica ha solicitado iniciar más de un centenar de repatriaciones, pero hasta ahora no se ha tramitado ninguna. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales insiste en que la integración de estos jóvenes es inviable y que la reagrupación familiar es la mejor opción antes de que cumplan la mayoría de edad.
“Los datos disponibles deberían hacerle reflexionar de una vez sobre la urgencia de actuar. Estos menores acumulan 382 incidencias y 268 denuncias”, señala Dávila en su misiva.
Entre los delitos atribuidos a estos menores, la Comunidad detalla que 25 tienen causas por robos, 40 por hurtos, 13 por amenazas, nueve por lesiones y ocho por resistencia a la autoridad. También hay seis casos de delitos sexuales, cuatro por quebrantamiento, tres por daños a la propiedad y uno por tenencia ilícita de armas.
El Gobierno regional subraya que no se trata de una situación generalizada, sino de casos concretos. “Cuando la intervención policial ante conductas delictivas no encuentra una respuesta posterior, se genera una percepción de impunidad que perjudica tanto a los menores implicados como al resto”, expone la consejera en la carta.
Por su parte, la Delegación del Gobierno ya ha indicado que ha solicitado los informes de las representaciones diplomáticas de los países de origen, un paso obligatorio para adoptar una decisión. Francisco Martín invitó a la Comunidad a “zanjar esta dinámica de exclusiones” y a “abandonar este combate electoralista con Vox por ver quién es más racista”.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales se pide al delegado que “deje de bloquear decisiones técnicas adoptadas exclusivamente atendiendo al interés superior del menor y que ejerza sus competencias”. La titular del área reitera que recurrirán a todas las vías, incluida la judicial, para que se cumpla la ley.
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