La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior una revisión urgente del sistema VioGén. De las ocho mujeres asesinadas en la región en el último año, cuatro estaban clasificadas con riesgo bajo.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión urgente y en profundidad del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior. La petición se planteó durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, según ha informado la propia Comunidad de Madrid.
El encuentro estuvo presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y contó con la participación de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
García Martín ha recordado que de las ocho mujeres asesinadas en la región en el último año, cuatro figuraban en VioGén con una valoración baja. Solo 132 de los 12.851 casos activos, el 1 %, están clasificados con riesgo alto o extremo, las dos categorías en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen vigilancia permanente o frecuente y aleatoria.
"Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es necesario analizar en profundidad los cuestionarios utilizados —que aún no se han actualizado— y los algoritmos empleados"
Dávila ha advertido además de la falta de efectivos: en España hay una media de un agente por cada 100 expedientes para atender a las víctimas.
En la región se identificaron el año pasado 40 posibles fallos en las pulseras antimaltrato. Desde entonces, el Observatorio ha remitido cinco peticiones para sustituir estos dispositivos, alertar del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y revisar los protocolos de valoración del riesgo. Se dirigieron a los ministerios del Interior (2), de Igualdad (2) y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (1). Cuatro de ellas siguen sin respuesta.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta la fecha en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. El Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
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