Un nuevo capítulo en la sanidad de Madrid
La reciente aprobación del Anteproyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros ha desatado una intensa controversia en la Comunidad de Madrid. Este proyecto, que busca limitar la proliferación de hospitales gestionados por empresas privadas, ha sido calificado como un intento de «acabar con la sanidad» en la región por parte de Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica. La medida, impulsada por Mónica García, ministra de Sanidad, pretende priorizar que los hospitales públicos sean gestionados directamente por las administraciones.
Durante un evento en Boadilla del Monte, Ayuso no dudó en expresar su descontento ante lo que considera una maniobra electoralista. «Quieren acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid llevándonos a una revolución», afirmó. La presidenta también cuestionó las intenciones del Gobierno central al afirmar que «va contra lo que funciona» y siembra miedo entre los ciudadanos sobre el modelo público-privado.
Ayuso destaca el modelo madrileño
La presidenta subrayó que los madrileños ya han expresado su preferencia por un modelo sanitario basado en la colaboración público-privada a través del voto. A pesar de sus dudas sobre si esta ley avanzará legislativamente, lamenta el impacto negativo que ya ha tenido al generar incertidumbre entre los pacientes atendidos en centros privados.
El Anteproyecto busca derogar la Ley 15/1997, que permite esta colaboración. Según el Ministerio de Sanidad, este cambio es necesario para evitar problemas como la fragmentación y falta de transparencia en el sistema sanitario. Sin embargo, desde el Gobierno regional se asegura que no afectará a las concesiones existentes.
Criticas hacia el Ministerio
Fátima Matute, consejera de Sanidad, también criticó al Ministerio por actuar con «oscurantismo» durante este proceso legislativo. En particular, hizo referencia a las recientes controversias relacionadas con el hospital de Torrejón y sugirió que estas acciones son más bien un intento político para recuperar protagonismo antes de unas elecciones.
Aunque se asegura que no habrá repercusiones inmediatas para los centros ya operativos bajo gestión privada, cualquier nuevo contrato para construir y gestionar hospitales será prohibido si se aprueba esta ley. Matute instó a García a enfocarse más en resolver problemas internos dentro del sistema sanitario antes que intentar imponer cambios desde fuera.
