CCOO de Madrid iniciará acciones legales contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por injurias, y estudiará si sus palabras sobre los sindicatos pueden constituir un delito de odio.
La información, avanzada por madridiario.es, recoge que la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, anunció este miércoles que el sindicato emprenderá acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones sobre las organizaciones sindicales, a las que calificó de basura sindical y mafia.
CCOO impulsará primero el trámite de conciliación previo que exige la ley para presentar una querella por injurias. Además, acudirá a la vía penal para que un juez analice si esas manifestaciones pueden ser un delito de odio, por su carácter hostil y de descrédito hacia los sindicatos y sus miembros.
Durante una rueda de prensa, López explicó que el sindicato considera que las palabras de la presidenta superan la crítica política y son expresiones ofensivas que relacionan la labor sindical con el acoso, la intimidación y el terror. Según su valoración, suponen un ataque a la dignidad de los trabajadores y a la función constitucional de las organizaciones sindicales.
La responsable sindical defendió que la libertad de expresión protege la crítica política, incluso la más dura, pero no cualquier descalificación. Sobre el fondo de la cuestión, afirmó:
Generan odio contra un colectivo, concreto y específico, que es el de los sindicatos y el de los y las sindicalistas
La secretaria general recordó que no es la primera vez que CCOO recurre a los tribunales por declaraciones de Ayuso. El sindicato ya presentó una querella anterior cuando la presidenta acusó a médicos y profesionales sanitarios de incumplir sus obligaciones laborales.
Por otro lado, CCOO presentará un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la actuación policial durante la huelga general del 11 de noviembre. El sindicato sostiene que los agentes cargaron contra piquetes informativos en Mercamadrid y en varias cocheras de transporte público, y que emplearon aerosoles irritantes, conocidos como gas pimienta. Por ello pedirá que se investigue si se vulneraron el derecho a huelga, la libertad sindical, el derecho de reunión y el derecho a la integridad física de los participantes.





