La formación política Más Madrid ha presentado una denuncia ante la justicia por la adquisición de un ático en Chamberí destinado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Consideran que esta operación podría constituir un delito de malversación.
Más Madrid ha llevado ante los tribunales la compra de un ático en Chamberí, que se pensaba utilizar como oficina temporal para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denuncia, presentada por el diputado Hugo Martínez Abarca, sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de malversación, dado que el uso del inmueble no corresponde a las necesidades públicas que se alegaron inicialmente.
Martínez Abarca argumentó que la sucesión de eventos sugiere que el propósito real era privado. Según sus declaraciones, tanto Ayuso como Alberto González Amador visitaron varios inmuebles con la mediación de un jefe de despacho del Gobierno regional. “Intentaron vender su actual vivienda mientras negociaban la compra del ático con dinero público”, afirmó.
El diputado también cuestionó las razones detrás de esta adquisición, señalando que si realmente se necesitaba espacio debido a obras en la Real Casa de Correos —un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural—, esto debería haber sido comunicado previamente. “Esto deja claro que es para uso privado”, insistió.
En este contexto, Martínez Abarca recordó que Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial, lo cual implica que no existe una residencia oficial para su presidente. Esto refuerza su argumento sobre el posible delito cometido al usar fondos públicos para fines personales.
Más Madrid ha solicitado toda la documentación relacionada con esta operación y ha registrado cerca de cien preguntas parlamentarias junto con diversas solicitudes a través del Portal de Transparencia. “Los madrileños no tienen por qué financiar el estilo de vida ostentoso de Isabel Díaz Ayuso”, declaró Martínez Abarca.
A medida que avanza esta situación legal, el diputado subrayó que será responsabilidad del juez determinar las implicaciones legales y solicitar los documentos pertinentes. “Puede tardar mucho en dárnoslos, pero a un juez no se le puede negar información”, añadió.
Además, destacó cómo la decisión reciente del Gobierno regional sobre destinar el inmueble a compensar daños ocasionados por incendios demuestra que la compra no respondía a una necesidad real. “Si realmente creían que era necesario, no habría razón para ocultarlo hasta ahora”, concluyó Martínez Abarca.
La denuncia marca otro capítulo en las controversias alrededor del Gobierno madrileño y plantea interrogantes sobre el uso adecuado y transparente de los recursos públicos. Los ciudadanos estarán atentos al desarrollo judicial y político relacionado con este caso.
Viral en la red
También te puede interesar
