El Ayuntamiento de Madrid ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra el exdelegado del Gobierno por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa omisiva.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. Según recoge 20minutos, la vicealcaldesa, Inma Sanz, lo explicó en la Casa de la Villa.
El Consistorio sostiene que Martín permitió que la acampada de la Puerta del Sol se prolongara pese a saber que no se ajustaba a la legalidad. La denuncia tiene 30 páginas y reconstruye lo ocurrido desde el 26 de septiembre hasta el desalojo, el 3 de noviembre, ya con el nuevo delegado al frente de la institución.
«La inacción continuada del entonces delegado del Gobierno permitió, sabiendo que no era ajustada a derecho, que la acampada ilegal en la Puerta del Sol se desarrollase» hasta su disolución, según Inma Sanz.
La vicealcaldesa añadió que la concentración «fue tolerada por quien tenía la competencia exclusiva» para velar por la seguridad. Como base jurídica, el escrito cita el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que permite suspender o disolver concentraciones cuando hay personas con objetos contundentes o peligrosos susceptibles de usarse como armas.
El Ayuntamiento afirma que trasladó a la Delegación del Gobierno hasta en cuatro ocasiones requerimientos con informes de la Policía Municipal y de otros servicios, en los que advertía de objetos peligrosos, alteraciones del orden público, agresiones y riesgos para una eventual evacuación de la plaza. También alertó de los daños en el patrimonio histórico y el mobiliario urbano, entre ellos la escultura de Carlos II, el conjunto de la Mariblanca y el monumento del Oso y el Madroño.
La primera estimación municipal cifra los daños directos conocidos en unos 40.000 euros. Sanz advirtió de que la cantidad «todavía no es definitiva» y podría aumentar si se necesitan restauraciones más complejas.
La Delegación del Gobierno, ahora encabezada por Pilar Trinidad Núñez, indicó que desconoce el contenido de la denuncia y que, por ese motivo, no puede hacer valoraciones. No obstante, sostiene que todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la acampada se tomaron «con pleno respeto a la legalidad vigente».
Las consecuencias de una eventual condena corresponden a los tribunales, que deberán determinar si hubo delito. Entre las posibles sanciones por prevaricación figura la inhabilitación para ejercer determinados cargos públicos. La denuncia queda ahora en manos del juzgado de Plaza de Castilla.





