Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está siendo investigado por presuntas irregularidades en los contratos que su empresa, Masterman & Whitaker, firmó con Quirón Prevención. Según el documento, las capacidades operativas de su empresa no justifican los trabajos facturados al gigante sanitario.
Detalles del informe y acusaciones
El informe sostiene que González Amador adquirió Masterman & Whitaker en 2020 por medio millón de euros a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Sin embargo, antes de esta compra, la empresa apenas tenía activos y su facturación era inferior a 30.000 euros. A pesar de ello, un año después de la adquisición y tras iniciar su relación con Ayuso, los ingresos se dispararon hasta alcanzar 327.300 euros, todos provenientes de contratos con Quirón.
La UCO ha señalado que Masterman & Whitaker solo contaba con tres instrumentos básicos para tratamientos estéticos y un ordenador portátil. No tenía empleados registrados ni capacidad para llevar a cabo los servicios por los cuales facturaba a Quirón. Este escenario ha llevado a las autoridades a sospechar que podría haber existido un delito de blanqueo de capitales.
“Los indicios apuntan a que estos contratos podrían ser simulados”, señala el informe.
Aparte del análisis realizado por la UCO, un informe reciente emitido por la Agencia Tributaria también ha puesto en duda las operaciones comerciales entre las empresas vinculadas a González Amador y Quirón Prevención. Desde 2021 hasta 2023, estas empresas habrían facturado un total aproximado de 4,4 millones de euros, lo cual ha despertado sospechas sobre posibles acuerdos ilícitos detrás de estas transacciones.
La Agencia Tributaria ha solicitado al juez Antonio Viejo que suspenda temporalmente una inspección fiscal en curso contra las empresas del empresario para concentrar sus esfuerzos en investigar los contratos específicos realizados con el Grupo Quirón. Esta solicitud se basa en el argumento de que los resultados podrían influir significativamente en el futuro legal del investigado.
A medida que avanza esta investigación, se espera que Fernando Camino también sea llamado a declarar ante el juez. Hasta ahora solo han comparecido González Amador y Carrasco. Las implicaciones políticas son significativas dado el papel destacado que ocupa Ayuso como presidenta regional y líder del Partido Popular en Madrid.
Las acusaciones planteadas no solo afectan directamente al círculo cercano a Ayuso sino también al sistema político madrileño en general. La situación pone bajo escrutinio las relaciones entre política y negocios privados en España mientras continúan surgiendo nuevos detalles sobre este caso complejo.
También te puede interesar
