El partido de Santiago Abascal presenta una querella en los juzgados de Plaza de Castilla contra Francisco Martín y contra los organizadores de la protesta por la vivienda, a los que acusa de reunión ilícita.
Vox ha presentado este lunes una querella en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que atribuye presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de prevaricación por su actuación en relación con la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol. La información, avanzada por 20minutos, detalla que la querella también se dirige contra los promotores y organizadores de la protesta por un presunto delito de reunión ilícita.
El partido que dirige Santiago Abascal sostiene que la concentración no fue comunicada por escrito a la autoridad gubernativa y alega problemas de seguridad. En concreto, la querella apunta a varios portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, de la Coordinadora Juvenil Socialista y de la Comisión de Urbanismo de la acampada, a los que reprocha "no impedir la presencia de objetos peligrosos".
La formación política subraya además el contexto electoral tras la convocatoria de elecciones, que, según su escrito, "agrava la necesidad de que la autoridad responsable de la seguridad ciudadana actúe sin demora por la evidente afectación".
No es la primera actuación judicial relacionada con la acampada, que arrancó la noche del 26 al 27 de septiembre. Hace unos días, Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, denunció al Sindicato de Inquilinas por vandalismo en la Puerta del Sol a causa de las pintadas en un monolito de homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA y en la estatua del Oso y el Madroño.
La Comunidad de Madrid también ha acudido a los tribunales por la vía contencioso-administrativa. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que forzara de manera cautelar a la Delegación del Gobierno a disolver la protesta, una petición que los magistrados rechazaron en dos ocasiones.
La querella de Vox queda ahora en manos de los juzgados de Plaza de Castilla, que deberán decidir si la admiten a trámite. Es el paso previo para que el delegado del Gobierno y los organizadores de la acampada sean citados a declarar como investigados.
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