Iniciativa innovadora contra el fraude energético
La Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha lanzado una ambiciosa iniciativa para combatir los enganches ilegales a la red eléctrica en sus propiedades. Con una inversión que podría alcanzar los 345.000 euros, se instalarán 212 puertas y armarios antivandálicos equipados con dispositivos electrónicos de seguridad en zonas comunes de edificios residenciales.
Este proyecto tiene como objetivo principal proteger los cuartos de contadores y otros puntos críticos, donde se han detectado aproximadamente 500 enganches ilegales anuales. La AVS busca no solo prevenir el acceso no autorizado, sino también facilitar un entorno más seguro para los residentes. Las nuevas instalaciones estarán dotadas de tarjetas SIM y baterías que permitirán una apertura electrónica, garantizando así un control más efectivo sobre el acceso a estos espacios.
Cada puerta y armario contará con un número de serie único, lo que permitirá su gestión a través de una plataforma web diseñada específicamente para este fin. Esta herramienta estará vinculada a una aplicación que alertará al personal encargado cada vez que se registre un intento de intrusión, asegurando así una respuesta rápida ante cualquier irregularidad.
Los materiales utilizados en estas instalaciones cumplirán con las normativas vigentes, garantizando su resistencia y durabilidad. La AVS ha establecido cláusulas en el contrato que permiten realizar pruebas de calidad en laboratorios especializados para verificar la efectividad del sistema contra intentos de intrusión.
Desde 2022, cuando firmó un convenio con la distribuidora UFD para detectar irregularidades, la AVS ha intensificado sus esfuerzos por erradicar este problema. En 2024, se iniciaron 474 expedientes por conexiones ilegales, logrando regularizar 229 casos mediante contratos legales. Este enfoque no solo busca sancionar las infracciones, sino también ofrecer soluciones a los inquilinos afectados.
Aparte del combate al fraude energético, la AVS planea aumentar su actividad constructiva gracias a un incremento del 42% en los fondos autonómicos, alcanzando un total de 244,3 millones de euros destinados a construir viviendas para familias vulnerables. Además, se destinarán más de 40 millones para rehabilitar más de 2000 pisos y transformar locales comerciales vacíos en viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.
