El sindicato CSIF denuncia un déficit de 17 funcionarios en el Tribunal de Instancia de Navalcarnero, con una situación límite en el equipo de Violencia sobre la Mujer.
Según publica Madridiario, el sindicato CSIF ha denunciado la falta de personal en el Tribunal de Instancia de Navalcarnero y alerta de un colapso que afecta sobre todo al equipo de Violencia sobre la Mujer.
La organización ha remitido un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid para poner de manifiesto la carencia de efectivos del tribunal.
Según CSIF Justicia Madrid, la situación más grave se da en el Servicio Común de Tramitación, con escasez de efectivos desde el último trimestre de 2025. El sindicato calcula que faltan siete plazas de tramitadores y gestores en ese servicio y otras dos de auxilio judicial en el Servicio Común General.
«El déficit de personal ha llegado a alcanzar los 17 funcionarios y ha generado una acumulación de trabajo insostenible para el personal que permanece»
Todos los trabajadores del Servicio Común de Tramitación tienen código de Guardia y siete de ellos también código de Violencia sobre la Mujer (VSM). A finales de octubre se habían registrado 1.544 diligencias previas nuevas de VSM, frente a unas 1.600 en todo 2025.
El sindicato añade que dos funcionarios asumen esas causas y terminarán el año con entre 850 y 900 diligencias previas cada uno.
CSIF también denuncia saturación en los equipos de monitorios, verbales y familia, y que hay trabajadores que tramitan procedimientos de violencia de género sin código VSM ni el complemento correspondiente. Según el sindicato, el Consejo General del Poder Judicial está inspeccionando las demoras en los procedimientos civiles y de violencia sobre la mujer, situación que se agrava con la baja de la magistrada de la plaza 3, con competencias en esta materia.
Tres funcionarios con código VSM trabajan en la misma estancia que el Juzgado de Guardia. Según CSIF, las víctimas declaran en el mismo espacio donde permanecen detenidos, testigos e investigados por otros delitos, lo que a su juicio vulnera la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Estatuto de la Víctima del Delito.
Abogados y procuradores del partido judicial, según el sindicato, trasladan retrasos de varios años en demandas civiles y demoras de casi doce meses en la incoación de procedimientos.
«Solo así se garantizarán los derechos de las víctimas y se evitará un deterioro aún mayor del servicio público de Justicia en Navalcarnero»
Para revertir la situación, CSIF reclama cubrir de inmediato las nueve vacantes, un plan de actuación urgente con personal de apoyo del Tribunal Superior de Justicia, prolongación de jornada u otras medidas extraordinarias, e instrucciones para separar físicamente el Servicio de Guardia del equipo de VSM.
Por su parte, el Gobierno regional asegura que trabaja para dotar de recursos humanos y materiales a la Justicia madrileña. La información disponible no detalla medidas concretas para el juzgado de Navalcarnero.





