El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha decidido apelar la reciente sentencia que confirma la propiedad de los terrenos de La Cantueña a favor de la Comunidad de Madrid. Esta decisión es clave para el futuro del centro de acogida para menores extranjeros no acompañados.
Fuenlabrada ha anunciado su intención de recurrir una sentencia judicial que otorga a la Comunidad de Madrid la propiedad definitiva de los terrenos donde se ubica el centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados, conocido como La Cantueña. El fallo del Tribunal de Instancia considera extinguida por prescripción la condición resolutoria que afectaba a dichos terrenos, lo que significa que el Ayuntamiento pierde su intento por recuperar esta finca. El alcalde, Javier Ayala, ha manifestado su desacuerdo con la resolución y asegura que seguirán defendiendo los intereses locales en los tribunales.
La controversia sobre La Cantueña se remonta a un convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento y el entonces Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), donde se acordó transferir los terrenos a la Comunidad con ciertos compromisos urbanísticos. Sin embargo, Fuenlabrada sostiene que estos compromisos no se han cumplido y reclama ahora la reversión del terreno, argumentando que las instalaciones actuales no son adecuadas para garantizar una atención óptima a los menores.
A pesar del fallo judicial, el Gobierno municipal insiste en que su recurso no busca obstaculizar la atención a los jóvenes, sino cuestionar el modelo elegido por el Ejecutivo regional. Según ellos, concentrar a estos menores en un macrocentro ubicado en un polígono industrial puede tener efectos negativos sobre su bienestar y desarrollo.
La presidenta del PP local, Ana Millán, ha criticado al alcalde Ayala por mantener una postura confrontativa hacia el Gobierno regional y le ha instado a abandonar esta estrategia litigiosa. Millán considera que es momento de buscar soluciones constructivas en lugar de continuar con disputas legales.
El conflicto pone en evidencia las tensiones entre administraciones locales y regionales sobre cómo gestionar recursos destinados al bienestar social. En este contexto, es importante recordar que este tipo de disputas no son nuevas; hace más de dos décadas ya surgieron conflictos similares relacionados con centros educativos y sociales en diversas localidades españolas.
A medida que avanza este proceso legal, Fuenlabrada deberá prepararse para posibles cambios en su política social dependiendo del resultado final del recurso presentado ante instancias superiores. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre este caso siguiendo las actualizaciones oficiales del Ayuntamiento y las decisiones judiciales relacionadas.
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