La Comunidad de Madrid alza la voz por las víctimas
En un contexto alarmante tras los recientes asesinatos de mujeres en la región, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamado urgente al Gobierno español para que se reconsideren las políticas actuales sobre el uso de pulseras antimaltrato. La consejera de Asuntos Sociales, Juventud y Familia, Ana Dávila, ha expresado su preocupación por el hecho de que estas nuevas medidas solo se destinen a víctimas recientes, dejando desprotegidas a aquellas que ya están bajo el sistema.
Dávila ha subrayado que limitar el acceso a estos dispositivos a solo las nuevas víctimas crea una distinción peligrosa entre lo que ella denomina “víctimas de primera y segunda”. Esta categorización no solo es injusta, sino que también podría poner en riesgo a mujeres que ya cuentan con medidas de protección vigentes. «Es fundamental garantizar la seguridad de todas las mujeres, independientemente del momento en que hayan solicitado ayuda», afirmó.
La consejera no se detuvo ahí; también reveló preocupantes fallos en el funcionamiento actual del sistema. Según sus declaraciones, 42 mujeres han reportado problemas con los dispositivos antimaltrato, y hay casos donde una víctima ha notificado incidencias más de 50 veces. Estos fallos técnicos no son meras anécdotas; representan un riesgo real para la seguridad y bienestar de las afectadas.
Dávila también criticó el sistema Viogén, encargado del seguimiento integral de casos de violencia de género. Aseguró que este mecanismo tampoco está funcionando adecuadamente y podría estar poniendo a las víctimas en situaciones aún más vulnerables. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad urgente de modificar los protocolos actuales para evaluar el riesgo asociado a cada caso individualmente.
La situación es crítica: tres de los cuatro últimos asesinatos registrados en Madrid correspondían a casos catalogados como “riesgo bajo”. Este dato pone en evidencia la ineficacia del sistema actual y resalta la necesidad imperiosa de revisar cómo se evalúan y gestionan estos riesgos. La Comunidad ha reiterado su solicitud al Gobierno para implementar cambios significativos antes que sea demasiado tarde.
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