Un llamado a la acción ante la creciente violencia de género
La reciente reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género ha puesto en evidencia una alarmante situación en Madrid, donde el número de asesinatos de mujeres ha aumentado significativamente. Desde octubre de 2025, se han registrado cuatro feminicidios en la región, y lo más preocupante es que tres de estas víctimas estaban clasificadas como de bajo riesgo según el sistema VioGén. Esta realidad ha llevado al Gobierno autonómico a exigir una revisión inmediata y exhaustiva de los protocolos actuales.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, no ha dudado en calificar los cuestionarios utilizados para evaluar el riesgo como «completamente ineficaces». La discrepancia entre la clasificación asignada a las víctimas y la amenaza real que enfrentaban es un tema crítico que debe ser abordado con urgencia. La Dirección General de la Mujer ya ha solicitado al Ministerio del Interior un análisis detallado sobre los criterios utilizados para determinar el nivel de riesgo.
A nivel nacional, las estadísticas son igualmente alarmantes. En lo que va del año 2026, se han registrado 13 asesinatos de mujeres en España, cinco de las cuales habían presentado denuncias previas sin recibir la protección adecuada por parte del Estado. Este fenómeno pone en tela de juicio la efectividad del sistema VioGén y resalta la necesidad urgente de reformas.
Otro aspecto crítico discutido durante la reunión fue el funcionamiento del sistema Cometa, que incluye pulseras antimaltrato. Según datos recientes, una de cada tres usuarias ha reportado incidencias graves relacionadas con estos dispositivos. En total, 42 mujeres han experimentado situaciones angustiosas debido a alertas falsas emitidas por los dispositivos durante momentos críticos.
Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, expresó su preocupación por el impacto emocional que estos fallos técnicos generan en las mujeres afectadas. «Hay mujeres con miedo a que el dispositivo falle», afirmó Dávila, recordando casos trágicos como el ocurrido en Ibiza, donde una mujer perdió la vida mientras se activaba un dispositivo sin utilidad alguna.
A medida que aumenta el número de víctimas y se hace evidente la opacidad del Gobierno central respecto a este asunto crítico, Madrid ha decidido adoptar medidas más firmes para exigir información sobre los plazos y estado actual del nuevo contrato para estos dispositivos antimaltrato. A pesar de múltiples solicitudes desde septiembre pasado, el silencio gubernamental persiste mientras crece la desprotección entre las mujeres vulnerables.
Los datos asistenciales son igualmente reveladores: durante 2025, las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) atendieron a 4.810 mujeres en Madrid, lo que representa un incremento del 16% respecto al año anterior. Con ya once asesinatos registrados este año —uno solo en Madrid— se evidencia una tendencia preocupante que exige respuestas inmediatas y efectivas por parte del Estado.
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