La empresa propietaria del inmueble asegura que la mujer, de 87 años, pagaba una renta bonificada y que nunca exigió un precio superior al que abonaba. La compañía denuncia presiones del Sindicato de Inquilinas y presentó una querella en enero.
La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha negado haber exigido a Maricarmen, de 87 años, el pago de una renta superior a la que venía abonando, según un comunicado difundido por la propia compañía, que es propietaria del inmueble en el que la mujer residía desde hacía siete décadas. El desahucio se ejecutó el miércoles, tal y como avanzó 20minutos.
La sociedad sostiene que, tras un requerimiento escrito de la abogada de la inquilina hace tres años para conocer el precio de un posible nuevo arrendamiento, la empresa respondió que podría considerarse una renta bonificada de entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado. "Esta respuesta se ha utilizado posteriormente para afirmar que la empresa pretendía incrementar la renta de forma desproporcionada, lo cual no se corresponde con la realidad", defiende.
Urbagestión asegura que las cifras difundidas sobre una supuesta propuesta de 2018 para que la inquilina comprara la vivienda por unos 250.000 euros o continuara en ella con una renta de 1.650 euros mensuales "no fueron formuladas" por la empresa.
Sobre posibles ofertas de compra, la compañía afirma que ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 formularon oferta alguna "ni podían hacerlo legalmente". La única propuesta de compra recibida, según su versión, procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas.
La voluntad mediadora de Casa 47 "no llegó a concretarse en una oferta cierta y por escrito", ha asegurado Urbagestión, que explica que en las últimas semanas se comunicó "verbalmente" la posibilidad de una renta de hasta 900 euros, abonada por Casa 47 y la inquilina. Todo ello "sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo", advierte.
La empresa ha denunciado haber sido objeto de "presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas" por parte del Sindicato de Inquilinas, a cuya actitud achaca haber "imposibilitado" un entendimiento entre ambas partes.
Esta postura se conoce después de que la compañía presentara en enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor.
Urbagestión ha lamentado la situación personal de la inquilina, que se encuentra ingresada en estado "débil" tras la ejecución del desahucio el pasado miércoles, y ha reiterado su respeto a las resoluciones judiciales y a la labor de los servicios sociales.
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