Preocupaciones de Mario Conde sobre la vigilancia bancaria
El exbanquero y empresario Mario Conde ha compartido un video en sus redes sociales en el que denuncia una tendencia creciente hacia un control fiscal sin precedentes en España. Según sus declaraciones, los bancos privados están cada vez más integrados con la Agencia Tributaria, y a partir de 2026 estarían obligados a informar sobre todas las operaciones con tarjeta que superen los 20.000 euros anuales, además de retiros de efectivo superiores a 3.000 euros o préstamos mayores a 6.000 euros.
“La voracidad de la Agencia Tributaria Española es absolutamente indiscutible”, afirma Conde, quien advierte sobre una pérdida progresiva de la privacidad: “Ya no se trata solo de defraudar, sino de que Hacienda sabe lo que ganamos, con quién nos relacionamos, qué compramos o si asistimos al teatro. Controla todos nuestros aspectos y eso es intolerable”.
En la actualidad, la Ley 10/2010 regula la obligación de información financiera por parte de los bancos hacia las autoridades, centrada en comunicar operaciones “sospechosas o inusuales”, sin establecer umbrales fijos para todos los clientes.
Pese a ello, la Agencia Tributaria (AEAT) y el Banco de España mantienen acuerdos para intercambiar información con entidades financieras, enfocados en detectar movimientos relevantes como retiradas o ingresos en efectivo superiores a 10.000 euros, o transferencias internacionales significativas. Sin embargo, no existe normativa publicada que respalde los umbrales mencionados por Conde —como 3.000 €, 6.000 € o 20.000 €— como límites oficiales.
Cabe destacar que Conde también comparó la carga tributaria española con países como Suiza, señalando que “en Suiza no supera el 25%”, mientras que en España alcanza el 39%, y en toda la Unión Europea supera el 40%.
Según datos de la OCDE, España mantiene una presión fiscal cercana al 38,5% del PIB, por debajo del promedio europeo (41%), pero muy por encima del 28% registrado en Suiza —donde las tasas varían según los cantones y ofrecen mayor flexibilidad para rentas altas—. La postura refleja una estructura fiscal más centralizada y menos negociable individualmente.
Cone también advirtió sobre el posible impacto del futuro euro digital, asegurando que facilitará al Estado rastrear “cada transacción y movimiento” financiero.
No obstante, el Banco Central Europeo ha reiterado que el euro digital no reemplazará al efectivo y garantizará la privacidad para pagos básicos.
Aunque actualmente está en fase preparatoria tras concluirse su investigación en octubre de 2023, se espera que los primeros ensayos piloto puedan comenzar alrededor de 2026 —el mismo período mencionado por Conde—. El BCE ha aclarado que este sistema no permitirá un seguimiento individualizado por parte del Estado; su diseño contempla intermediarios financieros bajo estrictas normas para proteger datos personales.
En su video, Conde también abordó el auge de las criptomonedas y las stablecoins vinculadas a monedas fiduciarias o materias primas. Considera que su expansión responde a una “voracidad fiscal” estatal y al deseo ciudadano por mantener su libertad financiera.
Mencionó especialmente las stablecoins respaldadas en oro como una especie de “nuevo patrón oro”, recordando aquel sistema monetario abandonado tras los Acuerdos de Bretton Woods en los años setenta.
A nivel europeo, la regulación MiCA (Markets in Crypto-Assets), busca establecer un marco estricto para emisores digitales con el fin de garantizar transparencia y estabilidad; sin embargo, las monedas respaldadas por oro permanecen fuera del sistema oficial y carecen aún del reconocimiento legal como medio válido para pagos.
Cone plantea un debate importante respecto a cómo equilibrar la necesidad del Estado de controlar aspectos fiscales con el derecho fundamental a mantener nuestra privacidad financiera.
A medida que avanza la digitalización bancaria —incluyendo el fin progresivo del efectivo para grandes operaciones— surge un escenario donde tecnología avanzada convive con temores sobre un posible control totalista.
Sus declaraciones abren una discusión necesaria acerca hasta qué punto puede intervenir el Estado sin vulnerar derechos fundamentales ni generar sensación de vigilancia excesiva.
