Importancia de la independencia judicial
Es crucial que los ciudadanos comprendan lo que está en juego si se permite la pérdida de la independencia judicial. Los jueces son los intérpretes de la Ley y actúan como árbitros en los conflictos sociales. Sin jueces independientes, no puede existir democracia, además de ser un elemento disuasorio contra el crimen. Usando una analogía futbolística, ¿qué sucedería si los árbitros de una liga no fueran imparciales? Simplemente, no habría competición.
No obstante, desde 1985, la independencia judicial y el Estado de derecho en España han estado bajo un proceso dañino. Este año marcó el inicio de un proceso de politización del Poder Judicial y su órgano rector, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha continuado hasta hoy. Aunque muchos jueces y magistrados son independientes, no todos lo son.
La Constitución de 1978 buscaba despolitizar la Justicia mediante el artículo 122.3 y la L.O. 1/1980 que lo desarrolló, estableciendo estándares democráticos europeos para que más de la mitad de los vocales del CGPJ fueran elegidos por sus pares en lugar de por partidos políticos. En total, 12 vocales debían ser jueces elegidos por otros jueces, mientras que 4 juristas serían seleccionados por el Congreso y otros 4 por el Senado. Esto permitió a España distanciarse de las dictaduras y obtener el estatus democrático necesario para firmar el Tratado de Adhesión a la Unión Europea en junio de 1985.
Poco después de nuestra adhesión a Europa, el Gobierno liderado por Felipe González promulgó la L.O. 6/1985 para que los vocales fueran elegidos por políticos del Parlamento. Esta modificación pasó desapercibida en Europa y fue aceptada por el Tribunal Constitucional español, aunque advirtiendo sobre su posible politización. La justificación socialista era que los jueces eran “de derechas” y debían representar a los partidos parlamentarios; sin embargo, esta situación no fue corregida cuando el PP tuvo mayorías.
Los jueces deben representar únicamente a la Ley y no al pueblo ni al parlamento. Un informe reciente de la Comisión de Venecia confirma esta postura junto con las recomendaciones del GRECO y otras instituciones europeas. La justicia española enfrenta cuestionamientos desde Europa especialmente ahora que Sánchez intenta manipularla para mantenerse en poder y proteger a su círculo cercano.
El CGPJ está compuesto por un presidente y 20 vocales responsables de dirigir a más de 5,400 jueces españoles, quienes pueden asociarse pero no sindicarse; actualmente un 58% están afiliados a diversas asociaciones profesionales. De estos afiliados, un porcentaje significativo pertenece a diferentes agrupaciones con distintos enfoques ideológicos.
A pesar de propuestas objetivas para mejorar esta situación política dentro del Poder Judicial, los partidos han mostrado resistencia debido al interés en influir sobre él según sus necesidades particulares. La independencia judicial se garantiza solo si todas las instancias judiciales permanecen despolitizadas mediante nombramientos basados en criterios objetivos.
A partir del 25 junio 2024 se renovó parcialmente el CGPJ tras años disputas políticas; sin embargo, este nuevo reparto bipartidista ha sido considerado incompatible con estándares democráticos europeos según dictámenes recientes.
Dentro del país se han registrado iniciativas como una ley propuesta por el PP para modificar cómo se eligen los Vocales del CGPJ siguiendo recomendaciones europeas; mientras tanto, también hay acciones civiles ante tribunales europeos buscando cumplir con nuestra Constitución como parte integral del ordenamiento europeo.
