El Tribunal Constitucional ordenó la suspensión cautelar de la ley madrileña de acusación popular con efectos retroactivos desde el 16 de julio, un día antes de que la Comunidad se personara en la causa del incendio de Lozoyuela. La acusación autonómica contra el presunto pirómano queda ahora en el aire.
La acusación popular que la Comunidad de Madrid ejerce en la causa por el incendio intencionado de Lozoyuela está en peligro. El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite en septiembre el recurso del Gobierno central contra la ley autonómica que permite personarse en procesos por incendios forestales, boicots deportivos o ataques a obras de arte, y al mismo tiempo acordó suspender cautelarmente su vigencia. Esa suspensión, según publica 20minutos, tiene efectos retroactivos desde el 16 de julio, un día antes de que la Comunidad formalizara su personación en la causa.
La norma fue impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tras los incidentes de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España de 2025 y aprobada por la Asamblea de Madrid en abril. Hasta la fecha solo se ha invocado una vez: en el procedimiento abierto por el fuego de Lozoyuela, que calcinó 750 hectáreas y obligó a evacuar y confinar a decenas de vecinos.
El TC puede mantener la suspensión hasta un máximo de cinco meses sin resolver el fondo del asunto. Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que la Abogacía General de la Comunidad no ha recibido ninguna comunicación del magistrado del Tribunal de Instancia de Torrelaguna que instruye el caso en relación con su personación.
El incendio se declaró el 16 de julio de 2026 en las inmediaciones del kilómetro 69 de la A-1 y forzó a activar el nivel 2 del plan de Protección Civil y a desplegar a la UME. Desde el primer día hay un hombre de 52 años investigado como presunto autor. Se le atribuye un delito contra el patrimonio natural, de naturaleza pública, por lo que la Fiscalía está personada y aseguraría la continuidad de la causa si la acusación popular decayera. El sospechoso permanece en prisión desde principios de agosto.
El instructor acordó la prisión provisional a instancia del Ministerio Público y de la propia Comunidad de Madrid, que de quedar apartada no podría solicitar diligencias ni otras medidas. El ingreso se justificó por el riesgo de fuga, la posible reiteración delictiva y la gravedad de los hechos. La Audiencia Provincial ratificó la medida aludiendo a los indicios: fue localizado por la Guardia Civil en las inmediaciones del foco del incendio, trató de huir y llevaba encima un mechero, tabaco y un rollo de papel higiénico, entre otras pertenencias.
El Gobierno central sostiene en su recurso que el ejercicio de la acción popular en un proceso judicial es una competencia exclusiva del Estado. La decisión última sobre la acusación de la Comunidad corresponde al Tribunal de Instancia de Torrelaguna, que deberá pronunciarse sobre la suspensión, y al propio Constitucional.
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