La Comunidad de Madrid recurrirá el decreto estatal sobre centros de datos por invasión de competencias. Según el Ejecutivo autonómico, la norma pone en riesgo 15.000 millones de euros de inversión.
La Comunidad de Madrid acudirá a los tribunales contra el nuevo decreto estatal sobre los Centros de Procesamiento de Datos, al considerar que el texto invade competencias autonómicas y frena la inversión en la región. La información, avanzada por 20minutos, recoge el anuncio del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, que ha dado este martes el paso judicial como vía para impedir la aplicación de la norma.
Según el Ejecutivo autonómico, Madrid tiene en funcionamiento 40 centros de datos y 19 proyectos en construcción, además de una cartera de más de 45 nuevas instalaciones. Estas instalaciones sumarían más de 3.467 megavatios de potencia y una inversión aproximada de 15.000 millones de euros, con más de 17.000 puestos de trabajo asociados.
«Pueden comprometer el volumen de inversión y empleo, así como la competitividad de la economía digital española»
El Gobierno regional sostiene que el decreto regula la ubicación, la implantación y la actividad de estos centros, materias que, a su juicio, corresponden a las comunidades en ordenación del territorio, urbanismo, industria, medio ambiente y energía. También rechaza que los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental se apliquen a los centros que ya están en funcionamiento.
Las penalizaciones previstas para los centros que incumplan las exigencias son otro de los puntos cuestionados. El Ejecutivo autonómico las considera desproporcionadas y ha advertido de que podrían llegar a suponer recargos de hasta el 500% de determinados importes de la factura.
«Se incluyen recargos que pueden alcanzar hasta el 500% de determinados importes de su factura, y cuestiona su cobertura legal»
La Comunidad ya trasladó estas objeciones al Consejo de Estado, que ha dado su dictamen favorable al decreto, paso previo y preceptivo para su aprobación. Con ese visto bueno, el Gobierno central puede aprobar la norma, aún pendiente de aprobación, antes de las elecciones del próximo 29-N. Una vez publicada, la Comunidad presentará el recurso por invasión de competencias.
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