El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva a la Diputación Permanente del Congreso sus medidas urgentes de vivienda tras el rechazo de PP, Vox y Junts. La crisis habitacional se agrava con manifestaciones y una huelga general en vísperas electorales.
El Gobierno ha decidido pasar de la retórica a los hechos con una batería de decretos exprés para atajar la crisis de vivienda. La maniobra, adelantada por 20minutos, consiste en llevar estas normas directamente a la Diputación Permanente del Congreso, un órgano que puede enmendar lo aprobado por el Parlamento. La oposición, formada por PP, Vox y Junts, ya ha anunciado su rechazo frontal a esta vía.
El malestar social ha ido en aumento tras el desahucio de la anciana Maricarmen Abascal, que ha derivado en manifestaciones y acampadas por todo el país. A esto se suma una inédita huelga general convocada en vísperas de la campaña electoral, que según la socialista María Jesús Montero va contra la oposición y ha obligado a los líderes sindicales a suspender sus agendas.
"No vamos a permitir que se legisle a golpe de decreto sin pasar por el Parlamento", han advertido fuentes de la oposición.
Los datos reflejan la magnitud del problema: el Banco de España alerta de un déficit de viviendas cercano al millón. En 2021, Sánchez prometió construir 100.000 viviendas, un tercio para alquiler joven, pero la cifra quedó en 21.000 pisos de la Sareb, muchos lejos de las zonas más tensionadas.
Los sondeos indican que la mayoría de los españoles apoya construir más vivienda, proteger a los pequeños propietarios frente a los fondos buitre, limitar los precios del alquiler y blindar a los desahuciados vulnerables. El próximo gobierno tendrá que combinar estas demandas con diálogo y planificación a largo plazo.
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