Un entramado empresarial en crisis
La comunidad educativa española se encuentra en estado de alerta tras las revelaciones sobre Diego J. Guerrero Cruces, un empresario de 58 años vinculado a diversas iniciativas educativas bajo el modelo Montessori. Las investigaciones apuntan a que Guerrero habría utilizado una red de testaferros e intermediarios para gestionar sus negocios, lo que ha llevado al cierre de al menos ocho colegios y ha dejado a numerosas familias y proveedores atrapados en un mar de deudas.
Según los informes, Guerrero está involucrado en un presunto fraude que ha afectado gravemente a la reputación del sistema educativo alternativo. Las denuncias contra él no solo abarcan impagos y conflictos societarios, sino también acusaciones más graves relacionadas con estafas y apropiaciones indebidas. En este contexto, se prevé que nuevas acciones judiciales se formalicen en los próximos días.
Los colegios afectados incluyen instituciones reconocidas como Scientia San Sebastián y varias escuelas Montessori ubicadas en Madrid, Barcelona y Albacete. La situación ha generado un clima de incertidumbre entre padres e inversores, quienes han expresado su preocupación por el futuro de estos centros educativos.
Uno de los casos más alarmantes es el del colegio Akua en Barcelona, que fue desalojado debido a impagos acumulados que ascendían a 100.000 euros. Este episodio refleja la gravedad del problema y cómo las prácticas empresariales cuestionables pueden afectar directamente la educación de los niños.
A pesar del creciente número de conflictos legales, las personas cercanas a Guerrero continúan operando como representantes del grupo empresarial. Gabriel Sarcina, Montserrat Fernández y Lucía López Ibarra son algunos nombres mencionados como figuras clave en esta estructura, encargándose de captar nuevos inversores mientras las sombras sobre Guerrero se alargan.
Diego Guerrero ha rechazado todas las acusaciones formuladas contra él, argumentando que nunca ha utilizado testaferros para sus operaciones empresariales. Según su versión, los socios mencionados han colaborado legalmente en la constitución de sociedades para empresarios extranjeros y no tienen relación con actividades fraudulentas.
A pesar de sus defensas públicas, el daño ya está hecho: muchos padres están considerando retirar a sus hijos de estas instituciones educativas mientras esperan claridad sobre el futuro financiero y operativo de los colegios afectados.
