El Consejo de Gobierno ha enviado a la Comisión Jurídica Asesora el borrador del nuevo Reglamento de Vivienda de Protección Pública. Su aprobación definitiva no se prevé hasta los primeros meses de 2027.
Según publica Madridiario, el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Sol ha elevado a la Comisión Jurídica Asesora el borrador del nuevo Reglamento de Vivienda de Protección Pública de la región, que sustituirá al vigente, aprobado en 2009. El órgano consultivo deberá emitir su dictamen a lo largo del próximo mes.
Tras ese informe, los técnicos de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras podrán introducir cambios, generalmente de carácter formal. El texto volverá después al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, que no se espera antes de los primeros meses de 2027.
El consejero de la cartera, José María García, ha explicado que la norma pretende adaptar la regulación a las necesidades de productores, propietarios y beneficiarios en cuanto a requisitos y condiciones de uso.
«Se simplifica la gestión» pero «no se eliminan los requisitos».
Entre las novedades, el reglamento establece la protección indefinida para todas las promociones de titularidad pública, con el objetivo de preservar su destino residencial protegido. La medida afecta a las promociones de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de España y de los distintos ayuntamientos.
El texto recupera la modalidad de alquiler con opción de compra y puede exigir empadronamiento en algún municipio de la región. Para comprar una promoción en venta, el arraigo mínimo se fija en diez años, consecutivos o acumulados. En el caso del alquiler, por ejemplo con el Plan Vive, el periodo de empadronamiento se reduce a cinco años.
Para agilizar trámites, la norma habilita la declaración responsable como forma de verificar requisitos como la calificación definitiva, el acceso, el alquiler o los cambios de titularidad.
Por último, el reglamento impediría acceder a la vivienda protegida a las personas condenadas en los últimos cinco años por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles, delitos vinculados a la okupación. Amplía además los supuestos en los que se puede acceder a este tipo de vivienda pese a tener otra en propiedad, como divorcios, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad o en situación de dependencia y familias numerosas.





