El nuevo reglamento de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid incluirá la modalidad de alquiler con opción a compra, suprimida en 2017, y exigirá empadronamiento previo. La aprobación definitiva se espera antes de que termine 2026.
La Comunidad de Madrid ultima la actualización del reglamento de viviendas protegidas, un texto que data de 2009 y que incorporará la modalidad de alquiler con opción a compra, según publica 20minutos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevé que la norma quede aprobada antes de que acabe 2026.
A principios de septiembre, la Abogacía General de la Comunidad emitió su informe sobre el proyecto redactado por la Consejería de Vivienda, que dirige Jorge Rodrigo. Los letrados dieron el visto bueno, pero condicionaron su validez a incorporar observaciones "de carácter esencial" que ellos mismos calificaron de "numerosas y relevantes".
En el último mes, los técnicos de la Consejería han trabajado con esas observaciones para dar el siguiente paso administrativo: el envío del texto a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad. Este órgano, del que forman parte desde hace semanas los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, emitirá un dictamen antes de que el reglamento vuelva al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Al tratarse de un reglamento, no tiene que pasar por la Asamblea.
La reforma se empezó a gestar a mediados de 2025. En junio del año pasado se avanzó que la Comunidad recuperaría el alquiler con opción a compra para viviendas protegidas, una fórmula que se suprimió en 2017 al considerarse desfasada porque el precio del metro cuadrado era tan bajo que los madrileños optaban mayoritariamente por el mercado libre. Nueve años después, el encarecimiento de la vivienda ha llevado a recuperar este modelo.
El nuevo reglamento también implantará el requisito de empadronamiento en cualquier municipio de la región para acceder a un piso protegido. La medida se anunció a finales de enero con un mínimo de residencia de diez años, lo que generó polémica porque podía condicionar el acceso a miles de viviendas de los nuevos desarrollos de la capital, como Los Ahijones, Los Berrocales o Valdecarros, zonas que sumarán casi 52.000 pisos y unos 150.000 vecinos en los próximos años.
Colectivos como los cooperativistas se organizaron para alertar de la problemática y la Consejería acabó modificando sus previsiones iniciales. Estableció una salvedad para quienes ya hubieran invertido en una cooperativa y fijó los tiempos mínimos de residencia en cinco años para alquilar y diez para comprar. Estas previsiones se incluyeron en una nueva versión del proyecto de decreto publicada en marzo, el último borrador conocido.
Habrá que esperar a los inminentes pasos de la tramitación para comprobar si se han introducido más cambios sobre las intenciones adelantadas, en un momento en el que el acceso a la vivienda centra el debate público y político en la región.
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