La Comunidad de Madrid asegura que no ha recibido ningún requerimiento del Ministerio de Transportes para reintegrar parte de los fondos europeos Next Generation destinados a autobuses eléctricos. El Ejecutivo autonómico defiende que ejecutó correctamente los recursos y que una discrepancia jurídica deberá resolverse por los cauces correspondientes.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado este miércoles que no ha recibido ningún requerimiento del Ministerio de Transportes para que devuelva parte de los fondos europeos Next Generation que recibió para comprar autobuses de cero y bajas emisiones. Según ha podido saber 20minutos, fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado que, en caso de recibir el documento, "se estudiará y se contestará".
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "todos los fondos han sido ejecutados por la Comunidad de Madrid siguiendo siempre el procedimiento establecido y con el soporte de nuestros servicios jurídicos". Además, ha añadido que "cualquier reclamación o cualquier cuestión que el ministerio considere que tenemos que analizar lo haremos cuando nos llegue esa reclamación".
Desde la Consejería de Transportes, que dirige Jorge Rodrigo, han detallado que, en relación con las ayudas a la renovación de las flotas de autobuses, realizaron "varias consultas" al ministerio que dirige Óscar Puente sin obtener "instrucciones claras" de vuelta. Las mismas fuentes han señalado que el propio ministerio indicó que su criterio tenía "carácter meramente orientativo" y que no podía considerarse una interpretación oficial de la normativa.
Ante esta situación, la Consejería de Transportes pidió criterio a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que determinó que "no concurría causa para exigir esos reintegros". Ahora, el Gobierno central "sostiene otra interpretación" a partir de un informe de la Abogacía General del Estado que, según las fuentes regionales, no conocen.
"Hay por tanto una discrepancia jurídica y tendrá que resolverse por los cauces correspondientes", han zanjado fuentes regionales sobre este asunto.
La Comunidad de Madrid insiste en que la ejecución de los fondos se realizó conforme al procedimiento establecido y con el respaldo de los servicios jurídicos autonómicos. El conflicto se centra en el recálculo de las ayudas tras modificarse la normativa regulatoria, un punto que enfrenta las interpretaciones jurídicas de ambas administraciones.
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