La lucha contra los falsos menas en Madrid
En un giro significativo en la gestión de la protección de menores, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha anunciado acciones legales para abordar el creciente problema de los falsos menas que residen en la capital. Durante su participación en La Noche de Cuesta de esRadio, Dávila criticó abiertamente al Gobierno central por su inacción ante esta situación, afirmando que «el Gobierno responde lo de siempre» y no toma las medidas necesarias para resolver el problema.
Dávila reveló que se han presentado denuncias contra 16 individuos identificados como falsos menores, quienes supuestamente han abusado del sistema público al beneficiarse indebidamente de servicios destinados a menores. «Hemos denunciado a estos 16 falsos menores por fraude porque se han aprovechado de los servicios públicos que no les corresponden», afirmó la consejera. Este tipo de situaciones pone en evidencia un fallo sistemático en el manejo del sistema migratorio y la protección infantil.
La consejera también hizo hincapié en que si el delegado del Gobierno, Francisco Martín, continúa con su inacción respecto a iniciar expedientes para reagrupación familiar, se verán obligados a recurrir a los tribunales. «Es fundamental que el Gobierno inicie este proceso solicitando informes a las autoridades del país de origen para contactar con las familias», subrayó Dávila.
A medida que avanza esta crisis migratoria, Dávila destacó que hay actualmente 110 menas bajo atención, 40 de los cuales ya han alcanzado la mayoría de edad. La falta de respuesta adecuada por parte del Gobierno ha llevado a una situación crítica donde se requiere una intervención legal urgente. La consejera enfatizó que es responsabilidad del Gobierno garantizar que solo aquellos realmente necesitados reciban apoyo.
Dávila no escatimó críticas hacia el Ejecutivo central, acusándolo directamente de alimentar mafias dedicadas al tráfico humano al no actuar frente a fraudes evidentes dentro del sistema. «El caos provocado por este Gobierno está favoreciendo prácticas ilegales», concluyó. Esta denuncia resuena con fuerza entre otras comunidades autónomas, aunque hasta ahora no se ha visto un movimiento similar.





