El desalojo de Dulce y sus cinco hijos en Moratalaz ha desatado una ola de apoyo ciudadano. La ministra Sira Rego intentó mediar, pero la AVS mantuvo la orden judicial.
La ejecución del desalojo de Dulce Jiménez y sus cinco hijos, entre ellos un niño con síndrome de Down, ha provocado una fuerte reacción social en el distrito de Moratalaz, Madrid. Este jueves, la Agencia de Vivienda Social (AVS) cumplió con una orden judicial que obligaba a la familia a abandonar su hogar, lo que ha llevado a alrededor de un centenar de personas a concentrarse en las inmediaciones para mostrar su apoyo. La situación se intensificó cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llegó al lugar para intentar mediar ante la AVS. Su intervención se basó en una comunicación reciente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas que instaba a España a adoptar medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de esta familia.
A pesar del esfuerzo por parte de la ministra, el representante de la AVS se mantuvo firme en su decisión, argumentando que estaban obligados a ejecutar la resolución judicial sin considerar las recomendaciones internacionales. «La legalidad debe ser respetada», afirmaron fuentes del organismo. Dulce Jiménez, madre soltera y afectada por esta situación, describió su experiencia como «muy mala», ya que solo le ofrecieron una habitación compartida tras el desalojo.
Dulce tiene cinco hijos: dos adolescentes y tres menores; el más pequeño es José, quien enfrenta desafíos adicionales debido a su condición. Tras perder su hogar, la familia se trasladó temporalmente a casa de la madre de Dulce, donde ya hay otras personas viviendo. «Vamos a estar en el comedor hasta que me aguante», comentó visiblemente afectada.
Las organizaciones vecinales han criticado duramente tanto al Ayuntamiento como al Gobierno central por no haber tomado medidas efectivas para evitar este desalojo. Roberto Borda, representante vecinal presente durante las protestas, lamentó que no se haya tenido en cuenta la resolución del Comité ONU y cuestionó por qué no estaba presente el Samur Social para ofrecer alternativas habitacionales adecuadas.
Desde la AVS explicaron que esta vivienda había sido ocupada ilegalmente desde marzo de 2022 y que el proceso judicial había seguido todos los pasos legales necesarios antes del desalojo. Una vez recuperado el inmueble tras este procedimiento legal, será reparado y adjudicado a otra familia vulnerable que cumpla con los requisitos establecidos.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida también intervino en este conflicto social al afirmar que el Ayuntamiento había ofrecido alternativas habitacionales a Dulce y sus hijos. Sin embargo, según fuentes municipales del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, estas ofertas fueron rechazadas por la familia debido a su preferencia por quedarse con parientes cercanos.
Este caso resalta un problema más amplio relacionado con los desalojos forzosos y las políticas habitacionales en España. En un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades económicas severas debido al aumento constante del costo de vida y alquileres elevados, situaciones como esta generan preocupación sobre cómo se están gestionando los derechos humanos básicos relacionados con la vivienda.
Los servicios sociales municipales han indicado que activan recursos para emergencias habitacionales cuando es necesario; sin embargo, este caso específico ha puesto sobre la mesa cuestiones sobre cómo se implementan estas ayudas y si son suficientes ante situaciones críticas como las vividas por Dulce Jiménez y sus hijos. Para aquellos interesados en ayudar o informarse sobre recursos disponibles para familias vulnerables en Madrid pueden contactar directamente con los servicios sociales locales o visitar centros comunitarios donde ofrecen asesoramiento especializado.
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