El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, critica la ubicación del nuevo centro para menores migrantes en La Cantueña, acusando a la Comunidad de un intento de castigo. La disputa se intensifica tras un fallo judicial que otorga a la región la titularidad del terreno.
Un nuevo conflicto entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid ha surgido a raíz del reciente establecimiento de un centro para menores migrantes en La Cantueña. El alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, ha manifestado su descontento con la ubicación del centro, argumentando que se encuentra a más de tres kilómetros de cualquier área urbana y dentro de un polígono industrial. Esta situación ha llevado a Ayala a acusar al Gobierno regional de intentar “castigar” a la ciudad con esta decisión.
La controversia se intensificó después de que un tribunal reconociera oficialmente a la Comunidad como titular del terreno donde se ubica el centro. En respuesta, el consejero Miguel Ángel García Martín instó al alcalde a dejar de poner “palos en la rueda”, sugiriendo que sus críticas deberían dirigirse al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez, quien según él es responsable del aumento en el número de menores no acompañados.
Ayala ha reiterado su rechazo al modelo propuesto para atender a los menores, sugiriendo que debería optarse por espacios más pequeños y personalizados. “Concentrar más de un centenar de menores en este lugar es inadecuado”, afirmó durante una Junta Local de Seguridad.
Por su parte, García Martín defendió las decisiones tomadas por el Gobierno regional y recordó que los tribunales han respaldado su posición en múltiples ocasiones respecto a La Cantueña. “Los menores no han llegado aquí por generación espontánea”, enfatizó, refiriéndose al contexto migratorio actual y responsabilizando al Ejecutivo central por las políticas implementadas.
A pesar del fallo judicial que favorece a la Comunidad, el Ayuntamiento mantiene su postura sobre la titularidad del Cerro de La Cantueña y planea continuar con el recurso legal correspondiente. Este conflicto no solo refleja tensiones políticas entre administraciones sino también plantea serias dudas sobre cómo se gestionan los recursos destinados a los menores migrantes.
Ayala también expresó su frustración por la falta de información sobre el funcionamiento interno del centro y las condiciones en las que viven los menores allí acogidos. “Es lamentable que una ciudad con 200.000 habitantes no tenga acceso a datos sobre lo que sucede en este lugar”, concluyó.
Este choque entre Fuenlabrada y la Comunidad añade una nueva capa al debate sobre cómo abordar adecuadamente las necesidades migratorias en España. Con ambos lados firmes en sus posiciones, parece probable que esta disputa continúe desarrollándose mientras se busca una solución viable para todos los involucrados.
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