La Policía despliega un cordón antidisturbios en la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde decenas de vecinos y activistas intentan evitar desde primera hora el lanzamiento de la vivienda que la mujer ocupa desde hace 70 años.
El cuarto intento de desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años del barrio de Retiro, arrancó este miércoles a las 7.30 horas en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde agentes de la Policía Nacional con escudos antidisturbios han formado un cordón para despejar la acera, según publica 20minutos.
La jornada comenzó con momentos de tensión. Decenas de personas que habían pasado la noche acampadas frente al inmueble se sentaron en la acera para frenar el desalojo y los agentes empezaron a empujar y a retirar tiendas de campaña. El Sindicato de Inquilinas cifró en unas 300 las personas concentradas en la puerta y denunció que la prensa fue desplazada fuera del cordón policial.
«Decenas de policías rodean la casa de Maricarmen para desahuciarla. Estamos 300 personas resistiendo en la puerta. No se lo vamos a permitir»
Entre los asistentes se encontraban la eurodiputada de Podemos Irene Montero y el diputado de Sumar Enrique Santiago. La organización proyectó en la fachada del edificio una fotografía de la inquilina.
La mujer ocupa la vivienda desde hace más de siete décadas. Su padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956, un documento de los conocidos como de renta antigua que se fue subrogando primero en su madre y después en ella, con una renta actualizada cada año según el IPC más gastos como el IBI. Maricarmen, con una discapacidad del 50%, ganó en primera instancia, pero el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, que según los colectivos de apoyo intentó subir el alquiler un 275%. Desde entonces se han sucedido cuatro intentos de lanzamiento, el último este miércoles.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo. Fuentes municipales sostienen que los servicios sociales hacen un seguimiento continuo del caso y que el informe de vulnerabilidad se emitió en octubre de 2025 a petición del juzgado. Añaden que Maricarmen es usuaria de prestaciones municipales como la ayuda a domicilio y que ha rechazado las plazas de alojamiento ofrecidas.
El Samur Social se ha desplazado hasta la zona y, si el desalojo se consuma, volverá a ofrecerle atención en el marco de la emergencia social. El Sindicato de Inquilinas reclama una solución habitacional o la compra pública de la vivienda y asegura que ninguna administración ha respondido a sus propuestas.
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