El Gobierno regional llevará a los tribunales el Real Decreto estatal sobre los Centros de Procesamiento de Datos, que considera contrario a la normativa europea y a sus competencias. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, advierte del riesgo para inversiones por unos 15.000 millones de euros.
La Comunidad de Madrid recurrirá el Real Decreto del Gobierno central sobre los Centros de Procesamiento de Datos (CPD), según publica comunidad.madrid. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, recordó que la semana pasada el Ejecutivo autonómico ya presentó alegaciones ante el Consejo de Estado.
El Gobierno regional sostiene que la norma vulnera la legislación europea, invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica. Según el consejero, también impone requisitos y regímenes sancionadores que el sector no puede asumir.
Durante la colocación de la primera piedra del CPD MAD01, de la multinacional Goodman, López-Valverde advirtió de que las exigencias estatales pueden desviar inversiones hacia otros países europeos, como Francia o Portugal.
«Las exigencias del proyecto estatal pueden desviar inversiones hacia otros países europeos, como Francia o Portugal, y poner en peligro la posición de Madrid como una de las grandes capitales digitales de Europa».
La región cuenta con 59 proyectos de centros de datos, de los que 40 están en funcionamiento y 19 en construcción. Además, tiene una cartera de más de 45 nuevas instalaciones con una potencia superior a 3.467 megavatios y una inversión aproximada de 15.000 millones de euros, que podrían generar más de 17.000 puestos de trabajo.
López-Valverde señaló que las restricciones del Real Decreto «pueden comprometer el volumen de inversión y empleo, así como la competitividad de la economía digital española». El consejero defendió un modelo de colaboración institucional y diálogo con las empresas para compatibilizar el crecimiento de estos centros con la protección del medio ambiente.
El nuevo CPD MAD01 se instalará en el distrito de San Blas-Canillejas, en la capital, con una inversión de 200 millones de euros en una primera fase de 6 MW. La potencia prevista llegará a 11,7 MW en 2028.
La infraestructura seguirá los estándares medioambientales más estrictos y busca la certificación LEED Platino, que acredita la construcción sostenible. Incluirá un sistema de recuperación de calor residual, generación renovable para autoconsumo y un uso eficiente de la energía y del agua.
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