La futura Ley de Ciencia de la Comunidad de Madrid crea un Comité de Seguridad para evaluar riesgos antes de financiar proyectos o incorporar innovación tecnológica. El Consejo de Gobierno debe darle su visto bueno este miércoles.
La Comunidad de Madrid prepara una Ley de Ciencia que incluye controles para evitar riesgos de seguridad, pérdidas de competitividad y daños a los intereses estratégicos nacionales y de la Unión Europea. Según publica 20minutos, la norma prevé un organismo específico que evaluará esos riesgos antes de que la Administración autonómica participe en un proyecto, lo financie o introduzca una innovación tecnológica.
El Consejo de Gobierno debatirá este miércoles el proyecto de ley, que sustituirá a la ordenación de 1998. Después deberá pasar por la Asamblea de Madrid, con marzo como fecha límite para su aprobación definitiva, antes de la disolución de la Cámara por las elecciones autonómicas.
El texto crea un Comité de Seguridad como órgano consultivo. Su función será asesorar para evitar la transferencia no deseada de conocimiento, tecnología o resultados de investigaciones, así como el acceso indebido a datos sanitarios, infraestructuras o activos estratégicos. También ayudará a los centros de la región a adoptar medidas preventivas ante indicios de injerencia extranjera o conflicto de intereses.
«Será pionero en el país, sin precedentes en la legislación estatal ni autonómica de ciencia, que incorporará las directrices de la Unión Europea en esta materia», han explicado desde la Comunidad de Madrid.
La norma obliga además a la Administración regional a elaborar un Plan regional de investigación científica e innovación tecnológica, con líneas de actuación y financiación plurianual. Incluye también el reconocimiento legal de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) y de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, así como medidas para atraer y retener talento mejorando las condiciones laborales del personal investigador.
En materia de transferencia, el proyecto busca que los resultados de la investigación lleguen a las empresas y a la ciudadanía, y que la Administración compre innovación para mejorar los servicios públicos. Para fomentar el emprendimiento, contempla fondos públicos, préstamos, avales y convenios, además de la simplificación de los procedimientos administrativos.






