La Asamblea de Madrid debate una ley que permitirá obligar a algunas personas a hacer sus trámites por internet y exigirá supervisión humana en el uso de la inteligencia artificial.
La Comunidad de Madrid tramita una ley de administración digital e inteligencia artificial que permite obligar a determinados ciudadanos a realizar sus gestiones por internet. Según publica 20minutos, el texto aún no ha sido aprobado por la Asamblea de Madrid, aunque el Gobierno regional espera cerrar pronto el procedimiento.
Entre sus principios figura el uso de la IA para agilizar trámites y automatizar procesos, con el objetivo de reducir los plazos para pedir una ayuda o presentar documentación. La norma también obliga a garantizar la seguridad de los datos, a avisar al ciudadano cuando interactúe con sistemas de IA y a exigir una supervisión humana efectiva en cada servicio que use esta tecnología.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, defendió la norma durante el debate de las enmiendas a la totalidad, celebrado este jueves.
«Esta ley significa que los madrileños no sigan entregando papeles y que la IA no siga avanzando sin control»
El texto contempla que determinados colectivos de personas físicas, con capacidad suficiente y para procedimientos concretos, deban relacionarse con la Comunidad de Madrid por medios electrónicos. Un reglamento posterior tendrá que detallar qué personas quedarán afectadas. Un supuesto similar ya se aplica a empresas y a otras administraciones públicas.
La Cuenta Digital se convertirá en el canal preferente para trámites como la solicitud de becas, la revisión de procedimientos o las notificaciones, sin eliminar el resto de canales. Además, el ciudadano no deberá aportar documentos que ya figuren en los registros de la administración.
El proyecto prevé crear tres nuevas oficinas dependientes de la Consejería de Digitalización, entre ellas la Oficina para el Impulso de la Inteligencia Artificial, y un Plan de Capacitación Digital para reducir la brecha generacional. La ley deberá aprobarse en la Asamblea antes de que el reglamento concrete a quién afecta la obligación de tramitar online.
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