El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid para desalojar la Puerta del Sol. Los magistrados argumentan que no se puede actuar sin las alegaciones de la Delegación del Gobierno y que la disolución sería el último recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelarísimas que pedía la Comunidad de Madrid para desalojar de forma urgente la acampada de la Puerta del Sol. Los magistrados han votado en contra de las actuaciones reclamadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, según ha podido saber 20minutos. El auto argumenta que la medida no se puede materializar sin haber recibido antes las alegaciones de la Delegación del Gobierno y advierte de que la petición autonómica supondría una "eventual afectación del derecho de reunión".
El tribunal también apela al principio de proporcionalidad y recuerda que "la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso". En el escrito se apunta que autorizar la actuación de la Policía Nacional podría implicar el uso de la fuerza física para evacuar a todas las personas concentradas en la plaza.
"Esta acampada hace mucho que tendría que haber sido desalojada. Espero que haya consecuencias legales porque no hay derecho a ocupar ilegalmente para uso privativo un espacio como este, una plaza que es de todos los ciudadanos, además de cometer actos vandálicos"
Así se pronunció Díaz Ayuso este lunes, antes de conocer la decisión judicial. Durante la mañana, los magistrados deliberaron sobre las medidas urgentes solicitadas por el Ejecutivo autonómico.
La Comunidad de Madrid presentó el pasado jueves un recurso contra la Delegación del Gobierno por negarse a desalojar la acampada. Junto al recurso, pidió de urgencia disolver a los manifestantes como medida preventiva. La actuación se registró en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, que elevó el caso al TSJM para que asumiera la competencia.
En su escrito, el Gobierno regional sostenía que se "están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión", con una "ocupación ilegal del espacio público". La documentación incluía un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español que alertaba de una "evidente y manifiesta afección física y directa" a dos Bienes de Interés Cultural (BIC): la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño. Según el Ejecutivo autonómico, estos daños podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural.
El recurso enumeraba también una lista de infracciones observadas desde que la protesta se instaló en la plaza. Entre ellas, personas subiendo a la fachada y trepando por ventanas y rejas, lo que podría provocar "el desgarre, la rotura y otras afecciones directas". También se mencionaban pintadas y grafitis en el inmueble, daños a la escultura del Oso y el Madroño y la colocación de cuerdas, banderas y otros objetos "ajenos al conjunto histórico sobre la escultura y los elementos patrimoniales".
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid se había expresado que actuarían en la plaza para preservar la seguridad y el derecho de manifestación. El delegado en la región, Francisco Martín, subrayó que la acampada es "reivindicativa, pero absolutamente pacífica" y que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "velar por la seguridad ciudadana".
La presidenta regional, por su parte, cargó contra los delegados del Gobierno: "Sobre los delegados del Gobierno ha quedado claro que en el sanchismo solo crecen los inútiles. No puedo ser más clara, no ponen al frente de ninguna institución a nadie con reconocido prestigio", dijo este lunes.
El Ayuntamiento de Madrid también envió un requerimiento con un documento en el que señalaba la inseguridad de la acampada. El Consistorio sostiene que el crecimiento de la concentración dificulta la actuación de los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad y resalta los posibles problemas de orden público. "No es una mera acampada por la vivienda, se está transformando en algo completamente distinto: adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados...", advirtió el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El informe municipal destaca que la presencia de "objetos punzantes" supone un riesgo, ya que "pueden ser empleados como arma para causar lesiones a las personas que permanecen y transitan, o a los miembros de los cuerpos de seguridad".
Con esta decisión, el TSJM mantiene por ahora la acampada en la Puerta del Sol y deja la pelota en el tejado de la Delegación del Gobierno, que deberá presentar sus alegaciones antes de que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre el fondo del asunto.
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