La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva Ley de la Abogacía General, que sustituye a la vigente desde 1999 y refuerza la independencia de los servicios jurídicos regionales.
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la nueva Ley de la Abogacía General, que sustituye a la normativa vigente desde 1999. Según recoge la publicación comunidad.madrid, el texto moderniza la regulación de los servicios jurídicos de la Comunidad y busca adaptarlos a las necesidades actuales de la Administración regional.
Entre los cambios, el Abogado General deberá pertenecer a un cuerpo de letrados de las Administraciones públicas, preferentemente de la Comunidad de Madrid, y acreditar al menos diez años de experiencia. El órgano se reorganiza en dos áreas diferenciadas: asesoramiento jurídico, por un lado, y representación y defensa de los intereses públicos ante los tribunales, por otro, con las Direcciones de Asesoramiento Jurídico y de Litigios.
La norma crea además una Secretaría Técnica de apoyo a la Abogacía General, encargada de coordinar y elaborar estudios especializados, formar a los letrados y impulsar la digitalización. También renueva el sistema de informes jurídicos, aclara su contenido y lo distingue de las consultas, cuyo uso amplía para los órganos de la Administración regional.
El texto regula asimismo el Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, integrado actualmente por más de 80 juristas, con el objetivo de preservar su cualificación, su carácter técnico, su independencia y su imparcialidad.
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