La Comunidad de Madrid ha valorado la dimisión de Francisco Martín Aguirre y exige al próximo delegado que retire la acampada instalada en la Puerta del Sol.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha valorado este lunes la dimisión de Francisco Martín Aguirre como delegado del Gobierno en Madrid, según recoge 20minutos. Lo ha hecho en declaraciones a los medios tras visitar las obras de la futura oficina central de atención al ciudadano, situada en la calle de Carretas, número 4, que prevé abrir en los primeros meses de 2027.
«Pone de manifiesto que el sanchismo se desmorona, que Pedro Sánchez tiene tan destrozado el PSOE como tiene destrozado a nuestro país».
La renuncia se conoció el domingo por la tarde y, según fuentes de su entorno, está vinculada a que Martín Aguirre quedó fuera de las candidaturas socialistas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre. Ejercía el cargo desde 2023.
El portavoz del Gobierno regional ha calificado a Martín Aguirre como «el peor delegado del Gobierno» que ha tenido la Comunidad y le ha reprochado haber dedicado más tiempo a atacar a Isabel Díaz Ayuso que a mejorar la seguridad y el orden público en las calles.
Sobre su sucesor, el Ejecutivo madrileño no ha querido especular, aunque el nombramiento se formalizaría en el Consejo de Ministros de este martes. García Martín sí ha fijado la primera tarea que, a su juicio, debe asumir el nuevo delegado.
«La primera tarea que tiene el nuevo delegado del Gobierno será desalojar la acampada ilegal de Sol».
El consejero ha añadido que el delegado debe garantizar «la seguridad y el orden en las calles de Madrid y en particular en la Puerta del Sol». Este lunes ha reconocido que en los últimos días se han retirado algunas tiendas de campaña de la plaza, pero ha defendido el desmantelamiento completo de la acampada, que cumple un mes instalada.
«La acampada tiene que abandonar la plaza».
La acampada en la Puerta del Sol ha sido el último foco de choques entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno, con acusaciones de inacción y de posibles irregularidades por no desalojar el espacio. La vicealcaldesa, Inma Sanz, señaló esta semana que la relación atraviesa su «peor momento».
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