Francisca López, Paquita, de 83 años, afronta la amenaza de desahucio de su vivienda en el barrio de La Latina, donde vive desde hace casi tres décadas. Paga 1.150 euros al mes y el desalojo está suspendido cautelarmente desde julio.
Francisca López, conocida como Paquita en el barrio de La Latina, tiene 83 años y lleva casi 30 viviendo en la calle Santa Ana. La amenaza de desahucio sobre su casa sigue pendiente, aunque el pasado mes de julio quedó suspendida de forma cautelar. La octogenaria paga una mensualidad de 1.150 euros y reside en el inmueble junto a su hijo.
La situación se ha visibilizado después del desalojo ejecutado hace dos días contra Maricarmen, otra vecina del barrio, según ha podido saber 20minutos. Paquita ha explicado entre lágrimas que su caso no es una excepción: «Claro que voy a defender mi casa. Aquí ha muerto mi marido y mi madre. Voy a hacer 30 años, así que ¿cómo no la voy a defender? Y que yo no pago una miseria, yo pago 1.150 euros».
«Yo estuve allí para despedirla y no sé lo que será de mí. Espero que siga para atrás y siga en la misma casa»
La anciana, que se apoya en un bastón y tiene problemas de movilidad, ha lamentado la falta de comunicación con la propiedad. «No se ponen de acuerdo en nada. No responden a nada ni si te interesa quedarte, ni una palabra. Esto es una callada por respuesta», ha señalado. Paquita padece Parkinson y, según la asociación vecinal, ni ella ni su hijo disponen de una alternativa habitacional.
El presidente de la Asociación de Vecinos La Chispera, Daniel Piedrabuena, ha explicado que el procedimiento está paralizado a la espera de un informe de Servicios Sociales. «De momento está paralizado pero obviamente sabemos que tarde o temprano... Ella tiene un juicio que perdió hace unos años y después de ese juicio sabemos que ya no va a recurrir más», ha detallado. El líder vecinal confía en que el caso de Maricarmen sirva de punto de inflexión y ha reclamado un Real Decreto que prohíba expulsar a personas vulnerables.
Junto a Paquita han comparecido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Maestre ha criticado la lentitud administrativa y ha acusado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de no inspeccionar, multar ni cerrar las viviendas de uso turístico. «Creo que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad particularmente no están haciendo su trabajo», ha declarado.
Fuentes municipales han asegurado que los Servicios Sociales mantienen un seguimiento continuo de Paquita, usuaria de ayuda a domicilio y teleasistencia. Según el Consistorio, la unidad familiar no se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y en julio se le ofreció un recurso habitacional de emergencia que rechazó. No hay constancia de una nueva fecha de lanzamiento; si se produjera, el Samur Social acudiría para valorar el caso y podría ofrecer de nuevo alojamiento temporal.
La providencia judicial de julio reclamó con carácter urgente un informe a la administración local para verificar la posible vulnerabilidad de los afectados y, en caso de acreditarse, presentar una propuesta de vivienda digna en alquiler social. El juzgado no había obtenido respuesta de la administración competente.
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