El PSOE de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la adquisición de un ático en Chamberí destinado a oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso. La operación, valorada en más de 6 millones de euros, genera sospechas sobre posibles delitos económicos.
La polémica en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se intensifica tras la denuncia presentada por el PSOE-M ante la Fiscalía de Delitos Económicos. La formación socialista ha solicitado que se investigue la compra de un ático de lujo en Chamberí, adquirido por más de 6 millones de euros, que iba a ser utilizado como oficina temporal para Ayuso. El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, argumentó que esta operación podría implicar responsabilidades penales para los miembros del consejo de administración de Planifica Madrid. «Es absolutamente incomprensible que se haya justificado un expediente como este desde una administración pública», afirmó López durante una rueda de prensa celebrada en Ferraz. La denuncia busca esclarecer si hubo prevaricación administrativa y recuperar los fondos públicos utilizados en esta transacción. Según López, el objetivo es que «vuelva hasta el último euro al bolsillo de los madrileños». Desde que se conoció el escándalo hace nueve días, el PSOE ha exigido transparencia al gobierno regional sin recibir respuestas satisfactorias. Las versiones sobre la compra han cambiado continuamente; inicialmente se justificó como necesaria debido a obras en la sede del gobierno regional, pero luego se alegó falta de competencia por parte de Ayuso. Esta situación ha llevado al PSOE a registrar múltiples solicitudes y preguntas en el Parlamento regional sin obtener aclaraciones adecuadas. En sus declaraciones recientes, Ayuso ha indicado que no cuenta con residencia oficial como otros líderes autonómicos o ministros, lo cual ha generado aún más dudas sobre las intenciones detrás del achatamiento del inmueble. López considera que las contradicciones evidencian una falta grave y un intento deliberado por ocultar información crucial sobre esta transacción inmobiliaria. Además, ha solicitado documentación detallada relacionada con el proceso adquisitivo del ático y las decisiones tomadas durante su compra. Este episodio recuerda otros casos históricos donde funcionarios públicos enfrentaron acusaciones similares por mal uso o gestión indebida de recursos públicos.
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