El desalojo de una mujer de 87 años de su piso de renta antigua en Retiro, tras 71 años viviendo allí, ha reavivado el debate sobre la crisis de la vivienda. El caso contrasta con el déficit estructural de 750.000 inmuebles que arrastra España.
El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo piso de renta antigua en el barrio de Retiro, en Madrid, ha generado una fuerte conmoción social. La moratoria de lanzamientos para personas vulnerables había expirado y el decreto de vivienda seguía atascado en el Congreso, según publica 20minutos. La ley de 1994 ya limitaba el derecho de subrogación tras la muerte de la madre de Maricarmen en 2005, y los tribunales, incluido el Supremo, han dado la razón al propietario.
El caso ha servido para poner el foco en el problema estructural de la vivienda en España. El Banco de España cifra el déficit acumulado en 750.000 viviendas, concentrado sobre todo en las grandes áreas urbanas. Mientras se forman cerca de 240.000 hogares al año, solo se terminan alrededor de 90.000 viviendas anuales, una brecha que no se cierra modificando las reglas del alquiler.
Desde el activismo y parte de la izquierda se propone limitar precios, prorrogar contratos e incluso expropiar viviendas. Estas medidas pueden aliviar situaciones concretas, pero no resuelven la escasez de oferta. Un decreto puede prorrogar alquileres, prohibir compras o modificar la fiscalidad, pero no fabrica suelo, concede licencias, contrata albañiles ni levanta edificios.
"Proteger a quien no tiene techo es política social. Construir las casas que faltan es política de vivienda. No son lo mismo."
El desahucio de Maricarmen se produce en un contexto de bloqueo político: el decreto de vivienda lleva meses sin aprobarse porque el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso. La moratoria de lanzamientos para personas vulnerables ya no está en vigor, lo que deja sin protección a inquilinos en situaciones similares.
La solución pasa por aumentar la oferta de vivienda, especialmente en las grandes ciudades. Los expertos señalan que faltan suelo finalista, vivienda pública, licencias ágiles y capacidad de construcción. Sin estas medidas, la brecha entre hogares y viviendas seguirá creciendo.
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