Hay cosas que en Madrid ya no sorprenden a nadie. El tráfico a las ocho de la mañana en la M-30, la fila del Retiro un domingo de sol, y que Cercanías vuelva a dar un susto. El viernes pasado fue el turno de las líneas C-2, C-7 y C-8: el descarrilamiento de un tren de mercancías en el tramo entre Azuqueca de Henares y Guadalajara obligó a interrumpir la circulación, dejando a miles de viajeros en tierra con un autobús de sustitución como único consuelo. Nada nuevo bajo el sol.
El problema no es el descarrilamiento en sí. Los accidentes ocurren, las infraestructuras fallan, los ejes se rompen. Lo que cansa —y lleva años cansando— es la sensación de que nadie va a hacer nada diferente después de que pase. Que la incidencia se resolverá, se emitirá un comunicado de Adif, y la semana siguiente todo volverá a estar exactamente igual.
Los trabajos de reparación se alargaron durante la noche del viernes, con la previsión de que estuvieran finalizados el sábado por la mañana. Mientras tanto, los trabajadores del corredor del Henares aprendieron una vez más que depender del tren para llegar a Madrid es una apuesta arriesgada. Muchos de ellos llevan años jugándosela cada día.
La Comunidad de Madrid lleva tiempo exigiendo al Gobierno central que aclare el estado real de la red de Cercanías. Y tienen razón en exigirlo, aunque sea incómodo reconocerlo viniendo de donde viene. Porque Cercanías es competencia estatal, es financiación estatal, y es abandono estatal. Los andenes abarrotados, los retrasos crónicos y los incidentes recurrentes no son mala suerte: son el resultado de décadas de inversión insuficiente en una red que conecta a cientos de miles de personas con sus puestos de trabajo cada mañana.
Lo verdaderamente irritante es el contraste. Madrid presume esta semana de haber reunido a 53 startups en el Mobile World Congress, de atraer inversión tecnológica, de ser una ciudad del futuro. Y al mismo tiempo, el ciudadano de Alcalá, de Torrejón o de Guadalajara sigue rezando para que el tren de las 7:45 no llegue con veinte minutos de retraso o, directamente, no aparezca.
Una ciudad que aspira a competir con Londres o París no puede permitirse que su red de cercanías funcione como si estuviéramos en los años noventa. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de mínimos. El transporte público no es un lujo, es la columna vertebral de la movilidad de miles de familias que no pueden permitirse otro coche, otro abono, otra alternativa.
Mientras los políticos de turno se reparten la culpa entre Moncloa y Sol, hay alguien en un andén de Azuqueca mirando el móvil, llegando tarde al trabajo, y pensando que le han fallado otra vez.
Como siempre.
Viral en la red
También te puede interesar
